Ana Mª Castro | “A una mujer con discapacidad víctima de agresión sexual se la cree menos”

Ana María Castro es abogada y presidenta de In.Xurga. En esta asociación asesora a personas con discapacidad para defender sus derechos cuando estos se ven vulnerados; muchas veces, desde la propia administración. 

¿Qué es In.Xurga?

Somos xuristas de Galicia pola inclusión y hacemos un trabajo de divulgación de los derechos de las personas con discapacidad, incidiendo mucho en la problemática de las mujeres con discapacidad y en otras como las adaptaciones de los textos, el lenguaje... Tenemos un programa muy interesante para periódicos donde captamos el vocabulario que está mal expresado. Por ejemplo, palabras como “discapacitado” o “minusválido” están totalmente erradicadas y prohibidas, pero, a veces, en los titulares de prensa sí aparecen. La palabra correcta que hay que utilizar es “persona con discapacidad”, que es lo que aparece en la legislación de todo el mundo. Todo está basado en la dignidad de la persona. Quienes tenemos una discapacidad queremos que se nos denomine de una forma correcta, que no sea peyorativa ni despectiva. Este observatorio de la terminología es de lo que estamos más orgullosas.

¿Cuántas personas trabajan en In.Xurga?

El grupo central somos poquísimas y todas mujeres. Hombres no se acercan para trabajar. Pero cada vez que hacemos eventos, ahí sí que se nos junta mucha gente a ayudar.

La gente que acude a ustedes, ¿qué ayuda solicita?

Todos los miércoles de 17 a 19 estamos en el seminario 2 del Auditorio de Vilagarcía, donde asistimos a toda la ciudadanía que quiera venir a preguntar cualquier cosa sobre discapacidad o dependencia. Eso sí, no atendemos ningún asunto que esté judicializado. Eso está totalmente prohibido. Tampoco cogemos clientes, por ética profesional y porque está prohibido por nuestros estatutos. Lo que más nos preguntan es por los certificados de discapacidad y dependencia, porque se están denegando muchos. Además, hay demoras que creo que son, incluso, anticonstitucionales. También se están rebajando los grados, entonces la gente quiere saber si puede recurrir. Nosotros no lo hacemos, sólo asesoramos. También preguntan mucho por educación, porque tienen mucha problemática en los centros escolares cuando no hacen adaptación de textos o de exámenes, sobre todo para personas con autismo o discapacidad intelectual. Nosotros insistimos en que sepan que se puede reclamar y recurrir y que no es malo. De hecho, gracias a todos esos recursos estamos cambiando las leyes, como en el derecho de acceso al voto de las personas con discapacidad intelectual.

¿Y la Justicia, es accesible para las personas con discapacidad?

La Justicia va a la par de la sociedad. A veces un poco por detrás. En ocasiones nos encontramos con personas con discapacidad intelectual que han cometido un delito. En Justicia nuestra terminología es muy concreta, complicada, y estas personas no son capaces de comprenderla. Por eso, necesitan de una figura que se llama persona facilitadora. Eso tiene que proporcionarlo la Administración. ¿Hay esa figura en Galicia? Pues no. Los letrados lo pedimos y la vía rápida es que venga un familiar o persona de su entorno que le explique.

In.Xurga no cuenta con ayudas públicas ni privadas. ¿Cómo se financian entonces?

No tenemos ayudas públicas en cuanto a subvenciones. Sí las tenemos en el sentido de que cuando hacemos los Congresos se nos cede el Auditorio, se nos aporta la grabación por parte del Concello, se nos ayuda con los carteles... No tenemos ayudas económicas porque no queremos nada de eso. Tenemos suficiente experiencia como para saber que eso genera conflictos. Nosotros nacimos con vocación de servicio público y queremos divulgar. Nos financiamos con la cuota anual de los socios, que es de 60 euros.

En febrero celebraron su IX Congreso. ¿Qué se hace en él?

Es un Congreso internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Luego, hacemos otro muy importante que es específico de mujer con discapacidad. Este año lo hicimos ya en conjunto con el otro. El Congreso es de acceso libre y gratuito. Las puertas están abiertas presencialmente, pero también online. Tenemos muchísimas personas en streaming desde Colombia, Argentina, Uruguay... Los que vienen presencialmente, si quieren la certificación de haber asistido, sí que tienen que pagar una cuota porque lleva los logos de las universidades que participan.

Una de las ponencias que hubo la dio usted y se titulaba “Cuando el que perpetra el odio es el abogado”. ¿Esto pasa?

La ponencia fue sobre un caso de un letrado que hace improperios, términos despectivos y peyorativos hacia una mujer en un proceso judicial en el que él era abogado del marido en el divorcio. La señora tiene una discapacidad con enfermedad mental y se aplicaban expresiones como “loca” o “ha perdido los estribos” en escritos judiciales. No es ir contra los letrados, pero es un caso real que sucedió el año pasado y es un delito de odio contra las personas con discapacidad.

¿Algún otro proyecto en marcha?

Trabajamos mucho en la violencia de género en mujeres con discapacidad porque hay una problemática específica. Se ven desamparadas, sin ayudas...

¿Se las cree menos también?

Sí. Cuando en un juicio una mujer que dice que tuvo internamientos psiquiátricos, es vista como la típica loca de la película que va matando a gente... cuando te pueden ingresar porque tengas una depresión muy fuerte o crisis de ansiedad. Y en casos de agresiones sexuales a una mujer con discapacidad intelectual y enfermedad mental, se piensa que puede ser un delirio fruto de la medicación que toma. Hay que hacer mucha pedagogía.