"A esas razas no se les tiene que dar nada" o llamadas a "moler a palos" a los inmigrantes: a juicio un vilagarciano por un delito de odio
Piden un año y ocho meses de prisión, teniendo en cuenta las dilaciones indebidas ya que los mensajes son de entre 2017 y 2018
Un vecino de Vilagarcía se sentará en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra por mensajes difundidos en las redes sociales contra la población migrante, durante los años 2017 y 2018. La lentitud de la justicia en este caso se tiene en cuenta como circunstancia atenuante y la Fiscalía pide un año y ocho meses de prisión por un delito de odio.
En el escrito de acusación hay una amplia documentación de los mensajes que este hombre publicó entre el 25 de febrero de 2017 y el 25 de junio de 2028, siendo consciente, señala el fiscal, "de que con ellas no solo se menospreciaba a las personas por razón de su nacionalidad extranjera, su situación de residencia irregular en España o por profesar la religión musulmana o por su color de piel, sino que contribuía a despertar entre la población prejuicios o estereotipos". Con esta actitud, dice el Ministerio Público, ponía en "grave riesgo" la "tranquilidad, seguridad y libre ejercicio de derechos" de estas personas.
"Que los larguen todos y que vayan tomando ejemplo otros países serios y cultos"; "Eso es lo único que falta para que acaben de reírse de España todos esos monos por no electrocutar las vallas" (adjuntando "una viñeta en donde se ridiculizaba a las personas migrantes), "ya pasaron los Carnavales pero ahora son continuos con esta peste que los políticos nos metieron en España. Como se nota la falta de un Franco en este país para limpiarlo y ponerlo al día", son algunos de los mensajes publicados en la cuenta de este hombre en Facebook, donde también se insta a "cerrar todas las mezquitas" no dar ayudas a "esas razas" o directamente "expulsarlos a palos".
La Fiscalía actuó de oficio
Fue el Ministerio Fiscal el que interpuso denuncia por estos hechos ante el Juzgado decano de Vilagarcía el 8 de noviembre de 2018, practicándose un registro domiciliario tres días después e interviniendo un CPY y un disco duro. El procedimiento estuvo paralizado "sin justificación para ello", por lo que se tiene en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas.
Además de la solicitud de un año y ocho meses de prisión, el fiscal también pide una multa de algo más de 4.000 euros (15 al día durante nueve meses), así como la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo así como de tiempo libre por el tiempo de cinco años.
