La Justicia exonera a un vecino de Caldas de una deuda de 66.810 euros tras perder su empleo
Los abogados se acogieron a la Ley de la Segunda Oportunidad ante una situación de vulnerabilidad
El Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra ha perdonado una deuda de 66.810 euros a un vecino de Caldas que se declaró insolvente tras quedarse sin trabajo. El hombre no pudo afrontar las cuotas de las tarjetas de crédito que había solicitado y, como consecuencia, sufrió embargos que lo llevaron a una situación de indigencia. Ante esta situación, la jueza decidió exonerarlo gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.
Los hechos se remontan a 2017, cuando el hombre pidió varias tarjetas de crédito para cubrir los gastos derivados de su divorcio. “En aquella época tenía un buen trabajo y un sueldo alto, por lo que podía pagar sin problemas”, recuerda. Sin embargo, todo cambió al quedarse sin empleo. “De la noche a la mañana me vi en una situación adversa a mi voluntad. Tuve que dejar de pagar porque la prestación de desempleo era muy baja”, añade.
“Fue un calvario. Me hubiera gustado pagar, pero era totalmente imposible”
A ello se sumaron los embargos por el impago del alquiler. “Todo se complicó cuando el piso cambió de propietario varias veces en poco tiempo. Pagaba a uno y poco después otro me reclamaba el mismo mes, hasta que ya no sabía a quién abonar. Eso provocó embargos y acabé en la calle”, relata.
Aunque logró encontrar un nuevo empleo, su deuda no mejoró. “Las entidades bancarias se negaron a negociar. Les propuse seguir pagando poco a poco, pero me exigieron abonar todo de golpe. Era imposible asumir esas condiciones”, cuenta.
A ello se sumó el acoso de bancos y empresas de recobro mediante llamadas y cartas. “Fue un calvario. Me hubiera gustado pagar, pero era totalmente imposible”, lamenta. Su abogada, Marta Bergadà, recuerda que “estas tácticas buscan presionar al deudor sin considerar su situación ni su bienestar. Es fundamental que los consumidores sepan que tienen derechos que protegen su privacidad y dignidad”.
Es fundamental que los consumidores sepan que tienen derechos que protegen su privacidad y dignidad”
Hace poco más de medio año, el hombre contactó con un bufete de abogados para resolver su situación y tras el estudio de su caso la letrada determinó que se encontraba en extrema vulnerabilidad. “Analizamos su caso y comprobamos que era un deudor de buena fe, condición esencial para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por eso iniciamos el procedimiento”, concluye.
