Reforma universitaria

Después de haber leído las veintiocho páginas del documento, no sé de dónde se ha sacado buena parte de la opinión política y mediática que el dictamen previo del Consejo de Estado supuso una “desautorización” y un “varapalo” al decreto sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales aprobado por el Consejo de Ministros de hace unos días.
Probablemente ello se deba a la mala y generalizada costumbre de no acudir a los originales y fiarse de titulares periodísticos y de tribunas partidistas y académicas interesadas.
Como se sabe, el actual modelo, conocido como 4+1 (esto es, cuatro años de grado y uno de máster) no está en sintonía con los países del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En realidad, sólo ocho de los cuarenta y ocho países que lo conforman optaron por el mismo modelo que España. Ello ha venido dificultando la internacionalización de nuestro sistema universitario y generando importantes disfunciones en el reconocimiento mutuo de títulos.
Pues bien, de lo que trata el decreto mencionado es de permitir también el modelo 3+2; es decir, tres años para el grado y dos para el máster, a fin de así pasar de un sistema rígido a otro flexible, converger con la mayoría de los países de nuestro entorno europeo y obviar los problemas señalados.  
El dictamen en cuestión del Consejo de Estado –preceptivo en este caso y consultivo como siempre– no hace observación jurídica alguna de carácter esencial. Sus aspectos más mediáticos y polémicos han sido una serie de consideraciones más políticas si se quiere que técnicas.
Consideraciones generales sobre las consecuencias “de gran calado” que el decreto tendrá sobre el sistema universitario, sobre el planteamiento de una nueva reforma cuando no pocas universidades acaban de hacer un “especial esfuerzo” para adaptarse al plan Bolonia, y sobre la falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas durante los últimos años.
Lo que, sin embargo, parecen no haber advertido en la misma medida Consejo de Estado y objetores del decreto es el carácter voluntario y selectivo de la reforma, para la que no se ha establecido plazo alguno. Es decir: serán las propias universidades y no el Gobierno ni las comunidades autónomas quienes la hayan de aplicar; quienes en aras de su autonomía constitucionalmente reconocida decidirán el cómo y el cuándo.
En realidad ya lo han hecho. Los rectores como colectivo han optado por aplazar el proceso hasta el curso 2017/18. Parece una moratoria excesiva. Otra cosa es que a la hora de la verdad todos ellos la observen. Como los catalanes, por ejemplo, quienes han recibido la reforma con satisfacción y no han perdido un minuto en ponerse manos a la obra. Otros, sin embargo, prefieren el postureo, cuando no la oposición política pura y dura.