SIGUEN LAS REBAJAS

De la promesa de dar a conocer las declaraciones juradas de sus dirigentes, nada de nada. Aquella otra promesa de publicar las rentas de los cargos, quedó en el olvido.
Ahora la coartada es que “todos los diputados hagan lo mismo después de consensuar un modelo entre todos los grupos políticos”.
No estará de más recordar que el PP repartió entre sus dirigentes un documento que tenían que devolver con su firma y del que solo hicieron uso varios representantes regionales del Partido Popular sin esperar a que la medida fuera masivamente seguida.
Ahora, hay que unir a esta renuncia el silencio –o las evasivas que aún es peor– sobre las evidencias que revela la investigación judicial señalando que el PP ingresó durante casi veinte años dinero de empresas por encima de lo permitido por la ley y que las cuentas internas del partido coinciden con varias partidas de la llamada “contabilidad de Bárcenas”.
Pero no son malas todas las noticias para el partido que sustenta al Gobierno, pues muchos juristas creen que el delito fiscal podría estar ya prescrito, lo que puede evitar las consecuencias legales (ojo: no se trata en que les declaren inocentes sino que el tiempo evita el juicio), pero no minimizará el daño político y su castigo consiguiente por parte de la ciudadanía y ahora están, siguiendo experiencias anteriores, tratando de recurrir algunas pruebas como las famosas llamadas telefónicas.
Y esto nos lleva a recordar, ahora que de nuevo se cuestiona las actividades de Camps durante su etapa como presidente del Gobierno valenciano, que la ratificación, por parte del Tribunal Superior, del veredicto emitido por un jurado popular….
Y es que dirán lo que quieran unos y otros, pero nadie olvidará las pruebas, los testimonios y las cintas que recogían su amistad con “el bigotes”, su amiguito del alma.
Recuerden que en la misma causa otros altos cargos de su Gobierno reconocieron los hechos, admitieron haber recibido gratis, de balde, sin dar un duro, etc. los trajes y otros complementos. En casos como estos, donde la justicia parece ciega, o como dijo el otro cegada, los políticos suelen abrazarse a la señora de la balanza y la venda.
Y confunden la absolución con la prescripción legal, lo que lleva a los ciudadanos, en legítima defensa, a mostrar su desafección por instituciones que forman uno de los pilares del sistema democrático, que parece estar en rebajas.