Tráfico de influencias

Un sujeto conduce su automóvil por una autopista, pero en sentido contrario y a gran velocidad, provocando un accidente en el que fenece un joven y otra resulta gravemente herida. Condenado a 13 años de prisión como autor de “un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños”, solicita el indulto, informado desfavorablemente por el tribunal sentenciador, el fiscal y los perjudicados. No cumplidos 10 meses de condena, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, le conmuta la pena por otra de multa. El hijo del ministro pertenece al mismo despacho que el defensor, que es hermano de un diputado del partido gobernante, exsubsecretario de Justicia. Los indultos son excepcionales y la política del Ejecutivo es no concederlos a condenados por delitos contra la seguridad vial.

Los hechos encajan en el delito de “tráfico de influencias”, que comete tanto el funcionario público o autoridad que influye en otro funcionario o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero; como el particular que, con la misma finalidad, influye prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con el funcionario público o autoridad. Además, siendo injusta la resolución conseguida, existe concurso con el delito de “prevaricación”, que es el que comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en asunto administrativo.

Qué decir del dolor provocado a las familias afectadas, despreciadas como si nada hubiera pasado; a otros peticionarios, en cuyos denegados indultos sí concurrían razones de justicia para su concesión; a la Justicia, desacreditada; y, en definitiva, a la sociedad, indignada ante la impunidad de que gozan ciertos sujetos.