DERECHO A LA INFORMACIÓN

Días pasados, Rosa Cal, exprofesora de Historia del Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense –ferrolana para más señas–, abordaba en este periódico la cuestión de la libertad de expresión y los intentos que se están dando por restringir la acción periodística. Su planteamiento enraizaba con la cuestión vital que identifica la labor del periodista con la del ejercicio de la independencia y la pluralidad, ahora que tanto se cuestiona el papel que los profesionales de la información están jugando en una sociedad tan convulsa que será recordada como uno de los principales cambios conceptuales del mundo. Y es que parece que los esenciales intentos del mundo político en general se están orientando hacia el control de la información, no precisamente a la gestión y la responsabilidad social que se le supone a la propia acción política. Que los periodistas constituyan precisamente el segundo colectivo más desprestigiado en este país tiene más que ver con los intentos de control y manipulación que sobre ellos se ejercen desde el aparato del poder –sea político o económico– que con la libre, e indispensable, labor profesional. Se asume como normal que el informador es un mero transmisor de intereses partidistas y, como sucede con cualquier otro colectivo, se entiende por ello que todos comparten y secundan idéntico papel. La comparación ofende precisamente por esa misma capacidad generalista que la sociedad aplica en casos de flagrante irresponsabilidad. Ejemplos sobran: desde el juez que por desidia deja en libertad a un potencial asesino, hasta el policía o el político que se deja sobornar, el empresario que incumple la legislación laboral y defrauda a Hacienda, o el funcionario que comete prevaricación, por citar solo algunos ejemplos. La diferencia sin embargo entre estos casos y el del periodista, de los medios de comunicación en general, aunque a todos ellos se les suponga una evidente orientación ideológica, es que los primeros no serían conocidos sin la actuación de los segundos. Intentar por ello controlar la libertad de información no parece tener otro objetivo que ocultar lo evidente. Acierta plenamente quien, o quienes, aseguran que básica y sustancialmente la labor periodística es la garante de todo sistema democrático. Que, como sucede entre los ejemplos antes citados, la acción individual no presupone el delito colectivo, lo mismo es aplicable al caso que nos ocupa. Que sin más se pretendiese, supongamos, controlar la acción de la justicia y atacar su independencia encontraría una más que contundente respuesta por parte de la sociedad, porque sería vulnerar uno de los derechos fundamentales que le asiste, lo mismo que sucede con el de estar informados.