La Casa (ir)Real

Hay un hecho incuestionable que formará parte de la Historia de este país: por vez primera, un miembro de la Casa Real deberá prestar declaración ante un juez en calidad de imputado. Aunque solo lo hiciese como testigo, también la situación sería única. La cuestión sirve además para sentar precedente en un país acostumbrado a que solo determinadas clases, como la política, la sindical o la empresarial, sean las incursas en la opaca ilegalidad.
Bajo el precepto de que la Justicia es igual para todos, el colectivo judicial ha debido de verse en buena parte sorprendido por la decisión de un magistrado, José Castro, con aire de bonachón, próximo solo en su aspecto, pero que destila sobre todo carencia de protagonismo –al que tan proclives se muestran otros de sus colegas– y que, en buena lógica, habrá sopesado con determinación y claridad el alcance, tanto mediático como social, que supone la “colaboración necesaria” o la “complicidad” de la infanta Cristina no solo como esposa de Iñaki Urdangarin y miembro del consejo de administración del Instituto Nóos, sino por el hecho de, precisamente, ser hija de quien es.
Malos tiempos sin duda para la Casa Real, en los que se evidencia que sus errores pueden ser tan humanos como habituales lo son en otros foros que, curiosamente, ya no se ven tan lejanos al normal discurrir de una institución que se sostiene en la imagen histórica e idiosincrática de su máximo representante.
Aun bajo el supuesto al que obliga la inocencia de todo aquel cuya culpabilidad no es tal, o en todo caso no es demostrable, el mensaje calará hondo entre la sociedad, pero sobre todo en un colectivo que, como se sabe, es hoy en día el que menor confianza despierta. La sensación, un tanto irreal en definitiva, es de que lo intocable ha perdido esencia, o cuerpo, aunque solo sea por la ya más que simple constatación de que, al menos por un instante, todos somos, solo aparentemente, iguales. Y es que la realidad, como sabemos, nos revela, hasta el hastío, todo lo contrario. Lo demuestra el hecho de que el propio Ministerio Fiscal se convierta en objetor de la imputación, como si del defensor se tratase, no de quien está obligado, como el juez pretende en este caso dilucidar, a esclarecer no solo los hechos sino también las dudas, incluida la más contundente de todas: que alguien de la Casa Real se quede al margen de la acción de la Justicia.
Y es que, posiblemente, cualquier previsión sobre el caso hubiese indicado que lo que sucedería sería precisamente todo lo contrario, es decir, que nunca tal se viera. Sobre todo en un país en el que el Consejo de Ministros indulta a un conductor condenado a 13 años de cárcel o a innumerables cargos políticos y administrativos que lo fueron por cohecho o prevaricación.