¿Quién pagará por las preferentes?

Por el momento, los “preferentes”, valga el equívoco, que se quedarán con ellas, pero convertidas en acciones y una pérdida del 30% al 70% de su valor. En el seno de la Justicia, afortunadamente, algunos de sus operadores reaccionan. Así, la Fiscalía gallega urge a la Audiencia de A Coruña a pronunciarse sobre su recurso contra la decisión de un juzgado de rechazar su inicial demanda colectiva por este tipo de prácticas abusivas con estos ahorradores ordinarios, “de a pie”, que han perdido su dinero en productos financieros que les han colocado sin informarles del alto riesgo de esos contratos; advirtiendo que se llegará hasta el TC, si hace falta, para reclamar que los afectados recuperen la totalidad de su dinero.

También en la jurisdicción penal, donde la Fiscalía andaluza considera la existencia de indicios de delitos de estafa por los responsables de sucursales bancarias que vendieron participaciones preferentes a clientes sin conocimientos financieros suficientes para entenderlos. Lo que podría derivar en múltiples imputaciones a sus directores y subdirectores, si los jueces comparten el criterio del defensor de la legalidad. La Policía ha encontrado casos execrables: prácticas abusivas con enfermos de Alzheimer, menores y personas iletradas o discapacitadas que compraron tales participaciones, incomprensibles para ellos, o adquiridas a sus espaldas.

¿El sentir popular? Que sólo se haría justicia, si además de los directores o subdirectores de sucursales, se sentaran en el banquillo de los acusados y fueren condenados los autores intelectuales o maquinadores del delito, esa cúspide de la pirámide que se quedó con la “pasta gansa”; los “peces gordos” que logran enfrentar la doctrina del TS y del TC sobre la prescripción del delito para burlar la Cárcel. Los verdaderos culpables.