La lucha por la diginidad

La soledad, la angustia y la indefensión con la que se encontraba una mujer de O Barbanza que a punto estaba de quedarse en la calle por culpa de un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado a instancias de una entidad financiera, nos movió a constituir una Plataforma para proteger a las familias humildes del poder “omnipotente” de los bancos y presionar a la clase política sobre la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna. Éramos conscientes de la cruzada que iniciábamos contra el poder político y financiero pero nunca creímos encontrarnos con tal cantidad de familias afectadas, en más de año y medio de vida, casi un centenar con la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones hipotecarias, y muchas de ellas con graves dificultades para llegar a fin de mes, incluso sin nada que llevarse a la boca. Comenzamos con entrevistas con los alcaldes y los departamentos de servicios sociales acompañadas de campañas, en medios de comunicación, al objeto de que la sociedad civil fuese consciente de la necesidad de luchar y oponerse a los abusos bancarios, obligando a las entidades financieras a negociar antes de que ninguna familia humilde, por causas económicas, tuviese que perder su vivienda. Refinanciación de los préstamos, moratorias, daciones en pago, alquileres sociales y cantidad de fórmulas existentes, todas ellas para llegar a acuerdos con las entidades antes de que una sola familia se quedase en la calle. Un año y medio después este, sin duda alguna, fue un objetivo cumplido. También nos centramos en recoger firmas para presentar la Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados, en la Comarca con el apoyo de más de un millar de personas. Al final el “chantaje” del poder financiero pudo más que la “sensatez” de la clase política. Buenas palabras e intenciones pero los desahucios se siguen produciendo, en un país con más de seis millones de personas sin empleo; con más de tres millones de familias que viven en la pobreza extrema y, en los últimos cuatro años, con más de medio millón de desahucios de familias humildes. No tardaron en implicarse con nuestra labor el Valedor do Pobo y profesionales liberales de prestigio y con suficiente para oponerse a los procedimientos judiciales y presionar a las entidades financieras para obtener el compromiso firme de no desalojar a nadie de su única vivienda.También comenzaron a salir las primeras sentencias judiciales, de algunos tribunales superiores, que protegían los Derechos Humanos de las familias contra la usura y el abuso de la mayoría de las entidades: cláusulas e intereses abusivos, hipotecas basura, tasaciones irregulares y concesión de préstamos hipotecarios con las garantías de avalistas, a sabiendas de la clara imposibilidad de que la familia, en pocos años, pudiese seguir cumpliendo con sus obligaciones crediticias y el banco se incautaría de varias viviendas para luego especular y venderlas al mejor postor. Muy pronto nos dimos cuenta de que Bruselas legislaba para proteger a los consumidores, mientras Madrid continuaba amparando el saqueo del patrimonio de los bancos por parte de algunos miembros de los consejos de administración con indemnizaciones multimillonarias y suculentos planes de pensiones. Mientras millares de familias ya apenas pueden pensar en pagar la hipoteca cuando ni son capaces de alimentar, vestir y costear los estudios de sus hijos. Muchos de sus miembros, con graves secuelas psicológicas, por el acoso constante de las entidades financieras y con numerosos intentos de suicido a sus espaldas. Seguiremos luchando por la dignidad de todas estas familias porque cada vez somos más y los verdugos ya están contra las cuerdas.