Otro compromiso incumplido
Los programas electorales no constituyen contrato vinculante alguno y su incumplimiento no acarrea, por tanto, consecuencias jurídicas. Así lo han establecido los tribunales y así lo ha entendido desde siempre el común de los mortales. De otra forma, ningún dirigente político ni ningún partido hubieran quedado a salvo de la quema.
Aquí, entre nosotros, hizo fortuna en su día la teoría del entonces alcalde de Madrid, profesor Tierno Galván, según el cual las promesas electorales están hechas para no ser cumplidas. La expresión pareció de un cinismo evidente, pero también de un enorme realismo. Más allá de nuestras fronteras, con el mismísimo presidente Obama está ocurriendo algo parecido: hace cuatro años prometió cerrar de inmediato el centro de detención de Guantánamo y ahí sigue abierto este siniestro campo de concentración de alta seguridad.
Así las cosas, ante tantos y tan flagrantes incumplimientos a lo largo del ancho mundo, algunos recuerdan una frase de Leo Mc Garry, jefe de gabinete del ficticio presidente de los Estados Unidos en la laureada serie televisiva “El ala oeste de la Casa Blanca”: “Se promete en verso; se gobierna en prosa”. Es decir, que al final de cuentas y más en tiempos tan volátiles como los presentes, la realidad se impone y gobernar es hoy día el arte de administrar lo imprevisible.
Sucede, no obstante, que hay incumplimientos e incumplimientos. Algunos resultan obligados, pero otros son injustificables. Entre estos últimos me refiero a dos compromisos clave del programa electoral último del PP: la reforma de la ley del aborto y la vuelta al sistema de elección de los miembros del Consejo general del Poder judicial por los propios jueces y magistrados y no por el Parlamento.
Del primero ya hablamos la semana pasada. Y sobre el segundo habrá de decirnos el Gobierno por qué en aras de un eventual consenso ha sacrificado otra de sus principales ofertas: la despolitización del órgano de gobierno de los jueces. “Promoveremos –decía el programa– la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Así lo había sugerido como más conveniente el propio Tribunal Constitucional en su sentencia de julio de 1986.
En aras del consenso. Esa fue el gran argumento que esgrimió el titular de Justicia, señor Ruiz-Gallardón, en el reciente debate de las enmiendas de totalidad. Pero de lo que no parecen haberse enterado ni ministro ni Gobierno es que con tales componendas e incumplimientos conseguirán dos cosas. Una, segura: que la oposición siempre encontrará una excusa para no sumarse al acuerdo con la derecha. Y otra, más que probable: el desafecto de los propios.