PRIVATIZAR LA GESTIÓN

Al común de los mortales le preocupa poco que el personal encargado de la prestación de determinados servicios públicos sea funcionario o empleado de una empresa privada contratada por la Administración. Lo que le interesa es que el servicio sea eficiente, respetuoso con los derechos del usuario y lo más económico posible.
Si la titularidad del servicio sigue siendo o no pública, le inquieta menos y, en todo caso, lo deja en manos de los Tribunales. Y éstos hace tiempo que determinaron que la gestión indirecta de un servicio público no implica un trasvase de la titularidad a favor de quienes asumen la gestión y que se trata de una de una opción encajable en nuestro sistema constitucional.  
La reciente sentencia del TC sobre la mal llamada privatización de seis hospitales madrileños ha resultado harto esclarecedora. Y es que de acuerdo con principios elementales del Derecho administrativo, una cosa es la garantía del acceso a un servicio público y otra la provisión del mismo a través de diversas modalidades.
Así las cosas, habrá que atribuir a un a priori político mejor que a una consideración jurídica los recelos que suscita cualquier concurso que las Administraciones convoquen para la prestación por terceros de cualquier servicio público. Más aún: detrás de cualquier reformulación algunos pretenden muchas veces ver la mano negra de oscuros intereses privatizadores, aunque la terca realidad diga muy otra cosa.
Es un fantasma que aun la más tibia izquierda agita sistemáticamente. También partidos que se dicen de centroderecha como Ciudadanos, participan de la misma teima, hasta el punto de haber exigido, en su acuerdo para la investidura de Cristina Cifuentes, la paralización del “proceso de privatización de servicios sanitarios y de gestión del sistema sanitario”. Proceso del que ya se había desmarcado la nueva presidenta madrileña.  
Aquí, en A Coruña, Ferreiro y sus mareantes andan evaluando la viabilidad jurídica y económica de proceder a la remunicipalización de la ORA, nido –dicen– de corrupción y negocio ruinoso para el Concello. El alcalde entiende que ello redundará en una mayor calidad del servicio y que no va a suponer un coste excesivo. Habrá que verlo. Lo que sí está más claro es que estas políticas antiliberalizadoras de la gestión supondrán más plantilla, más gasto, más funcionarización, más administración, más intervencionismo. Y en consecuencia, más ideología. Es un tema más político que económico. La calidad del servicio se puede garantizar de muy otra manera.