Si en octubre del año pasado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra daba la razón al PSOE de Vilanova e invalidaba el Pleno del plan de ajuste en la villa, esta semana, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se pronunció en el mismo sentido, a partir de una denuncia presentada por el BNG.
Este nuevo fallo judicial ratifica las tesis opositoras, al igual que ya había hecho aquel juzgado, y considera que la convocatoria de la sesión en cuestión, la del 30 de marzo de 2012, se hizo sin ofrecer la posibilidad a los concejales de obtener la documentación necesaria con suficiente antelación para afrontar el debate.
La decisión judicial se aferra a los informes de la Secretaría local, que indicaba lo denunciado por los ediles: El Pleno había sido convocado el día antes, hacia las 14 horas, y las oficinas municipales permanecían cerradas durante toda la tarde, hasta las 8 horas de la mañana siguiente, tan solo 60 minutos antes del inicio del arranque de la sesión, tiempo demasiado corto para estudiar toda la información económica relativa al plan de ajuste. Y así lo considera el juez, que ve una “vulneración de los derechos fundamentales” del artículo 23 de la Constitución, relativo a la participación política. El TSXG recuerda, además, la “importancia que en el Estado democrático tienen la información y el debate” y el “pluralismo”, que sitúa como uno de los “valores superiores”.
Así, asegura que “el funcionamiento del Pleno de la Corporación no se ajustó a las reglas previstas porque la documentación íntegra (...) que debía servir de base al debate y votación, no figuraba a disposición de los concejales para poder examinarla”.
La sentencia declara nulos los acuerdos de aquel Pleno e impone las costas al Concello.
Desde el BNG recordaban ayer que esta es la tercera sentencia contraria al Ayuntamiento, tras denuncias de la oposición. La primera había sido por negar al Bloque la facilitación de documentación relativa a la relación de acreedores, sobre el plan de pago a proveedores. Las otras dos corresponden a la invalidación del citado Pleno de marzo de 2012, la primera por denuncia del PSOE y esta por acción de los nacionalistas.
El alcalde justificó aquella celeridad en la convocatoria para poder cumplir con los plazos legales. El Ayuntamiento no recurrió los fallos. El plan de ajuste, invalidado ya por la sentencia a raíz de la denuncia socialista, volvió a votarse y aprobarse en enero de 2013.
