Cambados - Un juez dirimirá si el Concello se ajustó a la legislación en la aprobación de la RPT
La demanda de un grupo de trabajadores municipales contra el Concello por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha sido admitida a trámite y será juzgada en una vista que tendrá lugar en noviembre. Los demandantes quieren afianzar su futuro laboral, pues aseguran que con la modificación hecha “es incierto y pende de un hilo”. Además, acusan al alcalde, Luis Aragunde, de usarla para “premiar a allegados”.
Un total de nueve empleados, entre los que hay policías locales y administrativos, interpusieron un recurso en abril, tal y como avanzó Diario de Arousa, y después de que sus alegaciones a la RPT fueran desestimadas en pleno, con la mayoría del Gobierno local. Entre ellos también está el asesor jurídico externo del Ayuntamiento cuya contratación, cabe recordar, ha sido criticada en numerosas ocasiones por la oposición en base a los reparos puestos por Intervención Municipal.
Además de denunciante, será quien defienda los intereses de este grupo de empleados en el juicio que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra ha fijado para 3 de noviembre, con el objetivo de dilucidar si los acuerdos plenarios mediante los cuales se aprobaron la relación de puestos, así como el presupuesto para este año, donde se incluían los detalles del documento, se ajustaron a la ley y son conformes a derecho.
acusaciones
Para estos empleados no, y por ello recurrieron estas decisiones ante la justicia. Según un comunicado remitido ayer por los mismos, la nueva RPT incluye “incrementos retributivos, a través de los cuales, Luis Aragunde, premia a algunos empleados municipales, allegados, y que son superiores a los previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobada por el propio Partido Popular”. Es más, consideran que se vulnera el principio de igualdad y señalan el caso concreto de una trabajadora que aprobó una oposición de auxiliar conserje y tras la modificación, sin haber pasado otras pruebas, ha pasado a ser oficial, siempre según las mismas fuentes. De hecho, creen que “incluso podría ser constitutivo de un delito de prevaricación” e indican que “fue supuestamente enchufada”. Sobre este particular añaden también que “solo en concepto de complemento específico, cobra 11.815 euros anuales, frente a cantidades muy inferiores atribuidas a puestos de mayor dificultad, peligrosidad o dedicación”.
El juez ha pedido la comparecencia de esta trabajadora , así como de la jefa de personal y de otros dos empleados en el juicio, y a petición de los demandantes. También que el Concello le entregue el expediente de contratación de la misma, así como el de la oferta de empleo pública de 2006 y el del proceso de selección de 2007. Respecto a este concurso, los demandantes recuerdan que hubo aspirantes que incluso pagaron las tasas, pero las plazas se eliminaron sin que se haya vuelto a saber nada.
"penosa situación"
Por todos estos motivos, exponen que su única intención con la demanda es “poner a la fin a la penosa situación de incertidumbre laboral a la que Aragunde tiene sometido al personal funcionario interino y laboral indefinido”. Y es que consideran que la modificación de la relación de puestos debería haber solucionado ciertas situaciones y ahora su futuro “es incierto y pende de un hilo”. Dicen que quieren asegurar su continuidad laboral “a través de los procedimientos legalmente establecidos”. De hecho, indican que algunos llevan trabajando así desde 2007 o antes, como el caso de una asistente social que, aseguran, presta servicios desde 1983, o el arquitecto municipal, al que también nombran. n
