La aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) transcurrió como estaba previsto. El Gobierno local la ratificó en solitario frente a las críticas y hasta advertencias del PSOE de judicializar este asunto, amparándose en que contó con el respaldo mayoritario de los empleados municipales.
La sesión plenaria, de carácter extraordinario, transcurrió con pocas sorpresas. Los concejales del Equipo de Gobierno del PP votaron a favor de desestimar las seis alegaciones presentadas a la RPT, tal y como proponía el informe técnico realizado por el redactor de la misma y profesor de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago, Javier Ferreira Fernández.
El alcalde, Luis Aragunde, defendió la postura de su Ejecutivo recordando que “o 80% dos representantes sindicais dos traballadores a firmaron” y destacó que el resto “tampouco presentou alegacións”. De hecho, presumió de que se sacó adelante “con consenso e diálogo” y que “resolve moitas problemáticas que viñamos arrastrando”. Es más, insistió en que “para nada se fixo seguindo criterios políticos”, como le acusó la oposición, diciendo que se ha usado para mejorar las condiciones de determinados empleados.
El regidor defendió también el trabajo realizado por Ferreira Fernández indicando que ha elaborado más de 27 relaciones en los últimos años y que fue el redactor de la primera que hubo en Cambados y sobre la que se ha trabajado para obtener la actual.
advertencias
Sin embargo, el grupo socialista se mantuvo en sus alegaciones, solicitando la nulidad de la RPT al considerar que contraviene varias leyes y para lo cual refirieron los informes de Intervención donde se ponen reparos a nóminas “mes tras mes e ano tras ano”. De hecho, también ha dado parte a la dirección xeral de Administración local y a la Subdelegación de Gobierno y en la sesión del jueves ya anunciaba que seguramente acuda nuevamente a la justicia por este asunto, al igual que algunos empleados que también recurrieron el documento. Además, la concejala Mila Martínez advertía a los concejales del PP que “os votos a favor dun acordo a sabendas de que é inxusto poder dar lugar a unha imputación por prevaricación”.
El Bloque también voto en contra e intercedió, por ejemplo, en el caso de las alegaciones presentadas por un grupo de policías locales. “No informe ponse que non se vai poñer todo o que di a lei, pero ao mellor si era preciso poñer as funcións de todos os traballadores”, explicó. Y es que los agentes se encontraron con que la RPT pone que deben abrir dependencias públicas y “excepcionalmente farán labores policiais”.
En la sesión también se dio aprobación final al presupuesto para este año que asciende a 8,6 millones. El PSOE habían alegado al documento, pero según Aragunde, no se tuvo en consideración porque no se cumplía ninguno de los tres requisitos legales para aceptar reclamaciones.
Respecto a este punto, el regidor declaró que la villa “é un dos concellos de Pontevedra e Galicia cun dos mellores balances económicos e iso o din os informes de Intervención. Estamos orgullosos da xestión económica e os veciños poden estar moi tranquilos porque se goberna con moito sentido común”.
