Su trabajo en una bodega de albariño —que acredita durante cuatro años— y como submarinista los fines de semana es lo que ha permitido a Antonio Carballa Magdalena hacerse con un importante patrimonio. Esto es básicamente lo que el principal encausado por un delito de blanqueo de capitales declaró ayer en la Audiencia Provincial en la primera de las cuatro jornadas en las que se desarrollará en el juicio.
Junto a él declaró su esposa, María Luis González, que también sostuvo que su patrimonio fue adquirido con el dinero de su trabajo como limpiadora en un conocido centro sanitario de Pontevedra, así como de la explotación de una finca en Pragueira, que en verano destina al aparcamiento y que genera unos 9.000 euros por temporada.
Ese trabajo, y un muy buen olfato para los negocios, han permitido al matrimonio ir incrementando, sospechosamente para la Fiscalía, su patrimonio inmobiliario. Así, durante la declaración prestada ayer por Antonio Carballa Magdalena quedó claro que en el año 1994 firmó con la familia Lalinde Valenzuela la compra de las dos fincas que componen la conocida como Casa de Don Fernando. La compra no se formaliza hasta 2004 y ya a nombre de su mujer, por un importe de 180.303 euros. Meses más tarde el inmueble sería vendido al Concello de Sanxenxo por 1,2 millones de euros, valor con el que también coincidía la Consellería de Economía.
Algo similiar le ocurrió a Antonio Carballa con la compra de una gasolinera propiedad de la familia Prado —dos de sus miembros están también sentados en el banquillo—. Carballa compró la gasolinera por 57.000 euros y los pagó con un pagaré con un vencimiento posterior a los seis meses. Entretando, se la vendió a su anterior propietario —Pradoinver Iniciativas SL— por un precio de 418.649 euros. La entrada en funcionamiento del nuevo vial que une el puerto de Vilagarcía con el enlace de la Autopista hace que el 90% pase por la mencionada estación de servicio. Eso justifica el incremento del valor.
Y el interés de sus iniciales propietarios por recuperar la gasolinera fue explicado por los dos administradores de Pradoinver —los hermanos Diego y Jonathan Prado Padín— en las conversaciones de su padre con unos inversores mexicanos interesados en adquirirla. Una operación que luego no fructificó.
El fiscal antidroga, Luis Uriarte, trató de demostrar que el idinero parade estas operaciones provenía del narcotráfico, una vinculación de la que Carballa —cuyo abogado explicó ayer en la Sala que carece de antecedentes penales, a pesar de haber sido condenado a 14 años de cárcel en 2001 por su vinculación con un cargamento de cocaína —no quiso ni oir hablar. Defendió que desde su detención en 1995 no volvió a tener relación con el tráfico de drogas. “Ni volví ni voy a volver a traficar con droga. Por favor, quiero vivir traquilo. Quiero empezar de nuevo. Se me pone la piel de gallina”, indicó, ratificando durante toda su declaración que su patrimonio proviene de ir a pescar, vender vino y trabajar en una bodega por cuenta ajena. “¿Uno no puede intentar cambiar de lado?”, concluyó.
