El juzgado de lo Social acogió ayer la vista que enfrentó a la plantilla de Cuca con el Grupo Garavilla por el ERE por traslado decretado en la sección de producción de la nave vilaxoanesa a finales del año pasado. Después de cuatro meses de conflicto laboral y de infructuosas negociaciones, la jornada comenzaba ayer para ambas partes con claros signos de nerviosismo que se fueron reduciendo a medida que avanzaba la mañana y con la sombra de un posible aplazamiento por el importante retraso de la vista. La distancia que durante todo este tiempo mantuvo alejadas las posturas era ayer más que evidente, trabajadoras y responsables de la empresa compartieron espacio, pero ni se saludaron ni apenas se miraron.
Los abogados que ayer se encargaron de la defensa de las trabajadoras de Cuca, Alfonso Carballo (UGT) y Lidia de la Iglesia (CCOO), acusaron a la empresa de “mala fe” en la negociación y de no realizar propuestas que sirviesen “para paliar los efectos del traslado”. Y es que “solo se realizó una propuesta de 800 euros en la última reunión por parte de la empresa”.
Pero no solo eso, Garavilla también incurre, según los letrados de la operarias de Cuca, en el incumplimiento de los requisitos formales y en la falta de justificación de la decisión empresarial. Prueba de ello, “es que las trabajadoras solo han firmado una de las actas de los encuentros” porque aseguran “que en ninguna de ellas se recogen las propuestas de las trabajadoras ni reflejan el contenido de las reuniones”.
La abogada de Comisiones Obreras, Lidia de la Iglesia, fue más allá. “Entendemos que se quiso comprar la empresa y la marca Premium con miras a su desmantelamiento”, aseguró. Así, apuntó que “no se ha tenido en cuenta al personal que tiene de antigüedad más de treinta años en la empresa y una media de edad de más de 50 años”.
Carballo apuntó que a pesar de que la empresa alega motivos organizativos, “toda su exposición se basa en motivos económicos incluida la prueba pericial por lo que concluyo que le importa mucho la marca, pero poco los trabajadores”. Los letrados pidieron a la jueza que se declare nulo o improcedente el ERE.
testigos
El portavoz de Comisiones Obreras, Francisco Vilar, fue el primer testigo en prestar declaración. En su comparecencia insistió en “los cambios de rumbo” de la empresa a lo largo de la negociación. “Primero nos dijeron que querían triplicar el volumen de ventas, luego que era para ahorrar costes y después dejaron entrever que igual que habían vendido la planta de Bilbao, pues que igual lo tenían que hacer con la de Vilaxoán”. También recordó que “le pedimos tres meses para buscar una solución y hablamos con el Concello y con la Xunta para facilitarles la ampliación de la planta y también ayudas para la modernización de la maquinaria. Además, la plantilla estaba dispuesta a realizar jornadas continuadas”. También testificó Luis Rodas de Comisiones Obreras presente en parte del proceso de negociación.
Los letrados de la defensa también llamaron a una trabajadoras miembro del comité de empresa, María José Mariño, con treinta y dos años de antigüedad en la empresa, para que explicase lo que le supondría el traslado a O Grove. “Vivo en Carril y no dispongo de coche ni de carné de conducir. A Vilaxoán iba en autobús, pero si a las seis de la mañana tengo que estar en O Grove no tengo autobús”, dijo.
En el transporte y en el nuevo horario se centró gran parte de la defensa de las trabajadoras. “A priori cuarenta kilómetros pueden no parecer mucho, pero la nave de O Grove está en las afueras del Concello y para una persona que no dispone de transporte propio y no te ofrecen alternativas, la cosa cambia”, advirtió Lidia de la Iglesia. También en el incumplimiento de plazos y de notificaciones a las operarias tanto del ERE como de las incorporaciones de las remesas de trabajadoras que se incorporaron a O Grove.
En cuanto a las pérdidas económicas alegadas por parte de la empresa durante el conflicto laboral, los abogados de las trabajadoras acusaron a la firma de “mistificación” ya que ni aportaron dicha documentación solicitada por los sindicatos ni tampoco los planos en los que se va a instalar la nueva maquinaria de Cuca. “No hubo una negociación real ni tampoco se acreditó la expansión a nuevos mercados”, dicen.
Finalmente, los letrados de las trabajadoras echaron en cara a la empresa que se “gastase miles de euros en promoción y publicidad y no en la expansión de nuevos mercados”. Algo que el abogado de la empresa, Afredo Briales, justificó en la “falta de interés por parte de las trabajadoras de negociar las condiciones del traslado. Propuse como último intento de abrir el melón los 800 euros”, dijo. Briales reconoció en las conclusiones de que si bien la medida propuesta por la empresa tiene “una vis económica, pero no encaja en la solicitud del ERE”. E insistió “pedimos por activa y por pasiva que se centrasen en las condiciones de empleo, pero en todo el periodo de consultas se cerraron al traslado y hablar de ello”.
