La oposición fue crítica, desde la aprobación del PXOM, con la polémica política urbanística desarrollada en Sanxenxo, marcada por la firma de convenios urbanísticos que cambiaron en pocos años la fisonomía de un municipio humilde, convirtiéndolo en uno de los más ricos de Galicia.
La primera sentencia que obligaba al Concello a devolver los 3,8 millones de euros del SU 13, abonados por la exención de construir vivienda pública en este ámbito, llevó a la oposición a pedir “dimisiones”.
Una de las agrupaciones más críticas, en lo que a la cuestión urbanística se refiere, fue el BNG. David Otero situaba a Catalina González, en enero de 2012, como “cómplice” del convenio del SU 13 y apuntaba al entonces alcalde y hoy diputado en el Congreso, Telmo Martín, como máximo responsable de las decisiones que hoy situan al Concello “ao borde da quiebra”. En aquel momento los nacionalistas tampoco eximían de responsabilidad a la entonces gerente, Encarna Rivas.
