El Concello cobrará un alquiler a las empresas concesionarias de servicios públicos que ocupan locales de su titularidad en el edificio de la calle Ourense. Prevé ingresar unos 10.500 euros al año y asegura que la medida no repercutirá en un aumento del precio que pagan los vecinos porque está estipulado en la concesión, firmada en su momento.
El concejal de Economía, Xurxo Charlín, indicó que Viaqua y Espina y Delfín confirmaron su disposición a pagar y está a la espera de la respuesta del ORAL. Estas empresas ocupan oficinas municipales en la calle Ourense y, en caso de no abonar el alquiler, tendrían que dejarlas libres. Y es que así como el Concello comprende los beneficios de tener centralizada la atención al público en este céntrico edificio, “tamén entendemos que unha empresa privada que presta servizos dunha concesión pública e que cobran tanto ao Concello como aos veciños non poden estar utilizando un local público sen contraprestación algunha”, añadió el edil.
luz, agua y limpieza
Charlín afirmó que las concesionarias lo ven como “lóxico” y aseguró que no repercutirá en los precios que pagan los vecinos por el agua y otros conceptos, que gestionan estas firmas, pues están estipulados en la concesión firmada en su momento. Prevé ingresar más de 10.500 euros anuales con el cobro de alquileres que van desde los 350 euros hasta los 260 euros al mes. Para calcular el precio, que se les empezará a cobrar a partir de febrero, el arquitecto municipal elaboró un informe que tuvo en cuenta los costes por el suministro eléctrico, la calefacción, la limpieza y el uso de zonas comunes, así como la situación del inmueble.
El también portavoz municipal destacó que estas empresas vienen ocupando estas instalaciones desde 2001 y si la medida se hubiera aplicado desde entonces, se habrían recaudado más de 150.000 euros para las arcas municipales.
dilación de prórrogas
A este respecto, Charlín indicó que las concesionarias llevan años trabajando para el Concello y puso el ejemplo de Aquagest, que firmó su primer contrato en 1995 con una duración de 15 años y se fue prorrogando sucesivamente primero por un periodo de 5, luego por otro de 10 y finalmente de 20, con lo cual el contrato tendría una duración de 50 años y terminando la concesión en 2045. Charlín indicó que la última ampliación fue aprobada en 2005 con el informe favorable del secretario municipal de entonces, el actual vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y desfavorable de la Interventora, quien alegó que la prórroga “non se axustaba a dereito”, según Charlín. En concreto, refería que los contratos de gestión de servicios públicos “non poderán ter carácter perpetuo ou indefinido” y que, en total, no pueden durar más de 50 años en casos que comprendan la ejecución de obras y la explotación del servicio; y de 25 para las que no estén relacionados con la prestación de servicios sanitarios.
El concejal de Somos Cambados recordó que la firma Aquagest cesó el servicio hace no mucho y pasó a estar gestionada por Viaqua “ao atoparse inmersa nun caso de corrupción”, el conocido Caso Pokemon.
