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Vilagarcía

Investigan por apropiación indebida al extesorero de los comuneros de Cea

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El hombre que durante décadas se encargó de las cuentas de la Comunidad de Montes de Cea, José García, es el único encausado en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía por un presunto desfalco de unos 380.000 euros.
La denuncia que originó esta investigación partió de la propia directiva de la entidad, que puso en marcha una auditoría interna tras descubrir, en diciembre de 2014, que no había dinero para pagar la nómina de unos operarios que trabajan en tareas de desbroce, limpieza y mantenimiento.
La directiva de la Comunidad de Montes llevó este asunto a asamblea en febrero del año pasado y los socios dieron entonces el visto bueno a presentar una denuncia en los tribunales.
En esa misma reunión se dio cuenta de la dimisión de García como tesorero de la Comunidad de Montes de Cea. Los socios volvieron a depositar su confianza en el resto de la directiva, que preside Julián Abuín, y que está al margen por completo de los hechos presuntamente delictivos.
En octubre de 2015 el número 2 de Vilagarcía inició las declaraciones sobre un presunto desfalco para tratar de averiguar si el extesorero de los comuneros de Cea desvió al menos parte de los 380.000 euros a financiar los gastos derivados de negocios particulares.
Al parecer, una pequeña parte de esta cantidad podría haberse empleado en el pago de ayudas a otras asociaciones. En este sentido, cabe señalar que el agujero se corresponde con un plazo de tiempo de diez años, desde 2005 a 2015, el periodo que se investigó en la auditoría encargada por la propia entidad.
En la última asamblea que se celebró en Cea, la directiva manifestó su malestar por la “lentitud” de las investigaciones judiciales.
Sin embargo, la titular del número 2 ha optado por declarar la causa compleja, lo que eleva a un plazo de 18 meses el periodo de instrucción. José García es el único investigado por un delito de apropiación indebida, para el cual se establecen penas de uno a seis años de prisión.

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