PONTECESURES-El tripartito reprueba a Sabariz y pide su dimisión por irregularidades en su vivienda
El equipo de gobierno de Pontecesures, integrado por BNG, PSOE y TEGA, propondrá en el próximo Pleno la reprobación del edil de ACP, Luis Sabariz, y solicitará su dimisión por supuestas irregularidades urbanísticas en la construcción de su vivienda, emplazada en el número 37 del Camiño de San Xulián. El tripartito acusa al concejal independiente de “servirse do seu cargo para privilexiarse no trámite das obras na súa propia casa”, ya que cuando solicitó la licencia (en el año 2000) Sabariz era concejal de Urbanismo, compartiendo gobierno con el actual alcalde, el nacionalista Luis Álvarez Angueira. En la Corporación estaba también, como oposición, el actual edil de Obras, Ángel Souto.
Según revela el Ejecutivo cesureño, Sabariz solicitó permiso para construir una vivienda plurifamiliar pero construyó una casa unifamiliar algo que, afirman, no estaba permitido por las Normas Subsidiarias en vigor, las del año 1991. El PXOM, que se aprobó en 2003 y sigue vigente, sí permite construir viviendas unifamiliares en esa zona.
La construcción remató en 2005 y unos meses después, en junio de 2006, Sabariz entró a vivir en la polémica casa. En aquel momento el portavoz de ACP ya no integraba el gobierno, sino que había sido expulsado por Álvarez Angueira. La concejalía de Obras estaba en manos de la también independiente Maribel Castro. El tripartito asevera que Luis Sabariz no solicitó en ningún momento licencia de primera ocupación. La suya “é a única vivenda plurifamilar rematada” que no pasó este trámite, lo que causa “unha gran sorpresa” al actual edil de Obras, Ángel Souto.
En febrero de este año, el alcalde requirió a Sabariz que solicitara esta licencia, pero el concejal de ACP le respondió que “a edificación leva rematada máis de sete anos e xa non procede”. Así lo ratifica también el técnico municipal, al que el tripartito pidió que elaborara un informe. En este asegura que no hay sustento para iniciar un expediente sancionador, en base a la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga). En su artículo 210, esta da a los alcaldes seis años de plazo (contados desde la finalización de la obra) para que incoen expedientes de reposición de la legalidad relacionados con edificaciones que incumplan las condiciones de la licencia. Una vez transcurrido este plazo, la construcción queda regularizada, aunque en la condición de “fuera de ordenación”.
En base a este articulado, el técnico municipal concluye que, en el caso de Sabariz, “non procede incoar expediente de reposición da legalidade urbanística” ni tampoco “expediente sancionador por terse realizado a primeira utilización da edificación sen tramitar a perceptiva licenza de ocupación”. Es más, el técnico afirma que en el expediente “non constan datos para constatar se a edificación se axusta á prevista na licenza concedida”.
El tripartito considera que se produjo una “infracción urbanística” que “xa prescribiu”. Pero, añaden, “as responsabilidades políticas non prescriben”. A su juicio, “queda claro” que Sabariz “serviuse do seu cargo en beneficio propio, saltándose todas as normas da ética política e respecto á legalidade”. Esto lo valoran como “grave e inadmisible”, el “peor dos exemplos” y un “desprezo á veciñanza”, por lo que le piden que dimita “por dignidade ética e política”.
