La apertura de diligencias de investigación penal por parte de la Sección de Delitos Medioambientales de la Fiscalía Provincial de A Coruña da un nuevo giro al asunto del campo de golf de Rubiáns, que protagoniza diversos conflictos en los tribunales.
El ministerio público trata de determinar si se produjo un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente con la puesta en marcha del complejo deportivo situado en terrenos del Pazo de Rubiáns.
Fue precisamente uno de los herederos de esta casa señorial el que presentó la denuncia ante Fiscalía, que en su informe señala ciertas contradicciones en la resolución de autorización provisional concedida en mayo de 2012 por la Consellería de Medio Ambiente a Arousa Golf para la puesta en marcha de las instalaciones.
Gonzalo Ozores Rey manifestó desde el primer momento su oposición a un proyecto que consideraba que podría concurrir en ciertas ilegalidades al asentarse sobre suelo rústico de especial protección. Ahora la Fiscalía investiga sí efectivamente así ocurrió.
El fiscal detecta en relación a la autorización de Medio Ambiente “una importante discrepancia entre la resolución final y lo tramitado con anterioridad, en especial en cuanto al encaje del uso permitido en suelo rústico” y su cumplimiento de la Louga (Lei del Suelo) y el Plan de Ordenación Litoral.
Así, el uso que se aprueba finalmente es el de “construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones que hayan de emplazarse necesariamente en el medio rural, como son: Los cementerios, las escuelas agrarias, los centros de investigación y educación ambiental y los campamentos de turismo y pirotecnia”.
Sin embargo, durante todo el proceso anterior, incluyendo el informe técnico previo a la resolución, se entiende que el campo de golf es equivalente a un “uso de instalaciones de playa y actividades de carácter deportivo, sociocultural, recreativo y de baño que se desarrollen al aire libre, con las obras e instalaciones imprescindibles para el uso de que se trate”. Un uso que sería incompatible con el POL para una parcela calificada como “espazos de interese”.
No ocurre así con la denominación que finalmente se le dio, una modificación que concurre en una “flagrante” contradicción, según el fiscal, que entiende que se hace para “salvar la limitación del POL”.
Se trata en cualquier caso de un cambio que, señala el ministerio público en sus diligencias, no está justificado. Por ello, solicita una prórroga a la Fiscalía General del Estado destinada a reunir más documentación.
En primer lugar, solicita a laSecretaría Xeral de Ordenación del Territorio que informe “sobre las razones y fundamentos de la aparente contradicción informada”. Además, requiere al Instituto de Estudos do Territorio para que determine la compatibilidad de los usos y para que justifique “de manera razonada, las razones por las que la construcción de dicho campo de golf es compatible con la protección paisajística del entorno”.
Fiscalía también quiere determinar si existió o no “seguimiento” por parte del Instituto de Paisaje de las obras de construcción y si se han conservado, tal y como se solicita en un informe de este organismo, “los carballos y sobreiras existentes”. Sobre este punto, cabe recordar que el campo de golf de Rubiáns carecía de licencia de construcción, por lo que las obras difícilmente pudieron tener un seguimiento, aunque este aspecto no es objeto de la investigación del fiscal.
