Fiscalía no contempla la defensa propia en el caso de Santiago Gómez Lorenzo, el hombre que mató a su hermano en Guillán. El relato de los hechos elude que el acusado se estuviese defendiendo de un supuesto ataque con una navaja, argumento principal de la defensa que sirvió para que el hombre quedase libre tras el juicio que se celebró hace cuatro años en la Audiencia. El escrito inicial del Ministerio Público difiere en este punto del que se presentó en el primer juicio, que sí consideraba probado que la víctima, Alfonso Gómez Lorenzo, se enfrentó a su hermano armado con una navaja, tras saltar el muro que separaba ambas propiedades, y habría esgrimido el arma blanca en dirección al acusado, que entonces disparó con su escopeta, alcanzándole la femoral, lo que le causó la muerte casi inmediata.
Durante el juicio, la defensa mantuvo este argumento, así como el propio Santiago Gómez, pero diversos peritos y analíticas demostraron que no había nada que probase la existencia de dicha navaja. El arma apareció escondida en un muro un día después de que tuviesen lugar los hechos. El lugar ya había sido inspeccionado la noche anterior por la Policía Nacional, que también realizó un cacheo “in situ” a la mujer de la víctima, que no llevaba ninguna navaja en sus bolsillos.
Además, la navaja que apareció, que era de la propiedad de Alfonso Gómez, no contenía ningún rastro biológico de sangre, pese a que el hombre murió precisamente desangrado.
El propio fiscal del primer juicio, en sus conclusiones finales, aseguró que no había quedado probada la existencia de ninguna navaja, aunque el jurado popular no lo tuvo en cuenta y estableció una serie de eximentes que impulsaron una condena de once meses para Santiago Gómez, que llevaba más de un año en prisión preventiva, por lo que salió en libertad en cuanto finalizó la lectura del veredicto.
Este fue uno de los argumentos claves de la acusación particular para solicitar la anulación del juicio y la celebración de una nueva vista con otro tribunal y otro jurado popular. El asunto se demoró durante años en los tribunales, pero finalmente el Supremo lo zanjó estableciendo la necesidad de un nuevo juicio.
Indemnización
El fiscal pide diez años de prisión por homicidio, con la atenuante de confesión (ya que avisó a la Policía) y pide una indemnización de 126.000 euros para la viuda de Alfonso Gómez y 9.500 para cada una de sus hijas y su madre. l
