La Xunta debe más de medio millón de euros a los expropiados por las obras de la carretera PO-548
Más de medio millón de euros adeuda la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a los afectados por las expropiaciones de carretera PO-548 a su paso por Campaña y Forno. Las cantidades impagadas ascienden, en concreto, a 577.609 euros, según reconoce el conselleiro, Agustín Hernández, en un escrito remitido en diciembre a la plataforma de afectados.
Según los datos de la Axencia Galega de Infraestruturas, el gobierno autonómico habría pagado ya a los expropiados por las obras 926.803 euros, una cifra que fue abonada antes del año 2009, cuando todavía gobernaba el bipartito. “Desde que entrou o PP na Xunta quedou todo bloqueado. Levamos cinco anos sen cobrar”, denuncia una vez más el presidente de la plataforma, Darío Cordo. Y siguen sin saber cuándo percibirán su dinero, porque el conselleiro se limita a decir en su misiva que se pagará “en canto a dispoñibilidade orzamentaria o permita”. Cordo lamenta la falta de compromiso por parte de Hernández, teniendo en cuenta que “os orzamentos de 2013 están elaborados desde hai tempo. El ten que saber si se recollen os cartos” para efectuar los pagos o no. Sobre todo porque el alcalde valgués, José María Bello Maneiro, aseguró en noviembre tener el compromiso del conselleiro de que los expropiados de mutuo acuerdo cobrarían en 2013.
Según las estimaciones de la plataforma, siguen sin cobrar alrededor del 70% de los expropiados. Parte de ellos aceptaron los precios fijados inicialmente por la administración como indemnización por los terrenos y otras propiedades afectadas. Otros recurrieron al Jurado de Expropiación reclamando mayores cifras por árboles, cierres, arreglo de muros o viñas, entre otros conceptos, pero sin discutir en ningún caso los 78 euros por metro cuadrado de terreno ofrecidos por la Xunta. De ahí que su sorpresa fuera máxima al decidir el Jurado expropiatorio rebajarles en más de 40 euros el precio del metro de suelo, algo que califican de “ilegal” al ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. María Cordo, abogada de parte de los afectados, lo califica de “barbaridad jurídica”, de ahí que se hayan presentado recursos contra esta resolución del Jurado de Expropiación. En caso de que que la Consellería de Medio Ambiente los rechace, a los afectados todavía les quedaría la posibilidad de acudir ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Eso sí, tendrían que pagar para ello las nuevas tasas judiciales.
