La polémica surgida entorno a la finca de As Carolinas que antiguamente acogía la fábrica de Megasa y cuyo futuro, si nadie lo cambia, pasa por un centro comercial, fue muy seguida no solo por el pequeño comercio sino también por los promotores de otro de los asuntos urbanísticos que protagonizaron la vida municipal en esta legislatura: La Casa Becerra.
La descatalogación del inmueble situado en Rosalía de Castro está aprobada por el Pleno pero un informe de Patrimonio paralizó su puesta en marcha al considerar que el inmueble debe continuar protegido.
El informe fue emitido el 15 de enero de 2015, más de tres meses después de que se resolviese el expediente, motivo que les vale a los propietarios del inmueble para solicitar a la administración local que no lo tuviese en cuenta,
Sin embargo, otras fuentes consultadas consideran que al ser un informe solictiado desde el propio Concello, este no tendría que tener en cuenta la cuestión de plazos que, efectivamente, se incumpliría.
Sea como fuere no hay una respuesta ni favorable ni desfavorable por parte del gobierno local. El 25 de mayo, la jornada postelectoral, es también el día que se agota el plazo necesario para que los propietarios de la casa puedan solicitar el silencio administrativo.
Lo que más molesta a los promotores del expediente es la actitud que ha mostrado el alcalde en referencia a este asunto y en contradicción con el de Megasa. Y es que Fole aseguró que la inclusión en el orden del día de la Xerencia de Urbanismo del proyecto urbanístico para la finca de As Carolinas se hacía “para no prevaricar” y porque “tocaba”.
Los promotores de la descatalogación de la Casa Becerra se preguntan por qué en su caso no “toca” al menos tomar una decisión ya que los plazos son bastante estrictos.
Lo cierto es que no es la primera vez que los dueños de este inmueble sufren el silencio administrativo. En el caso de la casa colindante, también de su propiedad y hoy derribada, tuvieron que recurrir al contencioso para poder tirarla, ya que el gobierno, entonces en manos de PSOE- BNG, se oponía. La cuestión acabó en el TSXG que dio la razón a la propiedad.
