Mientras que en el Concello aseguran que han sido decenas las personas que han presentado solicitud para obtener la tarjeta de residentes, en la calle los afectados preparan una ofensiva contundente para parar las intenciones del equipo de Tomás Fole. Desde hoy mismo, y en distintos puntos de la ciudad, se inicia una campaña de recogida de firmas con la que los principales afectados (vecinos y comerciantes ubicados en las calles peatonales) pretenden frenar una norma que entra formalmente en vigor el próximo día 1 de mayo.
La recogida de firmas se inició hace unos días ya de forma virtual a través del portal Charge.org, pero ahora se hará de forma física recorriendo no solo las comunidades de vecinos, sino la propia calle. Lo que está claro es que ni comerciantes ni vecinos se van a quedar parados. Lamentan que desde el Concello no se hayan puesto en contacto con ellos para explicarles exactamente el contenido de la norma a aplicar y que, por lo tanto, tengan que optar por la protesta pública para hacerse oír.
Y es que son muchos (la mayoría) los que han declarado su insumisión y que advierten que no pagarán los 10 euros que cuesta retirar la tarjeta de las oficinas de Ravella.
Sin embargo, fuentes municipales explicaban ayer que durante los dos últimos días el Registro Municipal ha recibido alrededor de 60 nuevas solicitudes que deben pasar ahora por otros trámites administrativos. A ellas se le unen las alrededor de 140 que se realizaron la semana pasada.
contradicciones
Pese a lo mucho que se ha escrito sobre la puesta en marcha de la tarjeta de residente y el uso adecuado de las zonas peatonales ni siquiera en el seno del gobierno municipal se ponen de acuerdo al respecto de la aplicación de la normativa. Y es que mientras que hace unos días el concejal de Seguridad Ciudadana, Cholo Dorgambide, matizaba que habría total flexibilidad con la aplicación de la norma, el alcalde lo desmentía advirtiendo que la retirada de la tarjeta de residente es obligatoria.
El regidor municipal rechazó además cualquier moratoria sobre la aplicación de la norma. Sin embargo los principales afectados entienden que la vigilancia en todas y cada una de las zonas peatonales por parte de la Policía Local es prácticamente imposible. El malestar es palpable no solo entre los comerciantes (que se quejan de forma específica sobre los horarios de carga y descarga), sino también entre los vecinos de Vista Alegre que lamentan tener que abonar otra tasa por vivir en su calle que, ellos mismos advierten, no eligieron que fuese peatonal.
La polémica está servida y se extenderá al menos hasta que en Ravella reciban a los principales perjudicados que ya se han unido para echar abajo unas obligaciones que dicen absurdas.
