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CAMBADOS-Mar rechaza un recurso de la planta de rodaballo y mantiene la extinción del permiso de actividad

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La Consellería do Medio Rural e do Mar ha rechazado el recurso presentado por el propietario de la granja de rodaballo de Tragove contra una resolución del mismo departamento que le extingue el permiso para la actividad de granja marina. No obstante, todavía le queda la posibilidad de recurrir esta decisión ante la justicia.
El departamento de Rosa Quintana emitió en mayo de 2014  una orden de rescindir el permiso para la empresa Alimentación Projoscar y abría un plazo para que los dueños presentasen las alegaciones que considerasen oportunas y así fue. Sin embargo, Mar desestimó su recurso de reposición y mantiene su decisión de extinguir la autorización, aunque no desvela los motivos y en aquel momento alegó que se trata de un expediente cuyos detalles no pueden hacer públicos.
Este diario también ha intentado obtener la versión de la empresa, pero el encargado no estaba disponible. No obstante, tal y como contempla la resolución de la Xunta, dispone de un plazo de dos meses para recurrir esta decisión con la interposición de un segundo recurso, pero ya ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La administración ha tenido que recurrir al Diario Oficial de Galicia (DOG) para informar a los interesados del proceso después de haber intentado la notificación personal en dos ocasiones a través del servicio de Correos sin éxito.
La granja marina, ubicada en el puerto de Tragove, es el resultado de un proyecto nacido hace ya más de un lustro con la firma Alimentación Projoscar al frente y el objetivo de hacerse un hueco en el sector de la acuicultura gallega. Se trata de la segunda que se abría en la localidad y contemplaba alcanzar una producción de entre 430 y 450 toneladas de rodaballo al año. Su puesta en marcha supuso una importante inversión que alcanzó los 7 millones de euros de los cuales, tres se correspondían a ayudas concedidas por la Consellería de Pesca, dirigida por aquel entonces por Carmen Gallego, y procedentes también de fondos europeos.
El proyecto no se libró de las críticas, pues el Bloque expresó su preocupación sobre los efectos que este tipo de instalaciones, más bien de sus desechos, podían tener sobre el Saco, pero finalmente se llevó adelante con los permisos e informes favorables, unos tres años después de nacer la idea, en 2008.

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