La crisis aboca a la Asociación de Mejilloneros de A Illa a dejar de abonar el control en puerto
Ningún sector productivo es ajeno a la crisis económica y así lo están demostrando los últimos movimientos que se están realizando en el seno de las agrupaciones de mejilloneros. El último tiene como protagonista a la Asociación de Mejilloneros de A Illa. Los socios decidían en una asamblea celebrada el viernes a la noche que el colectivo dejará de pagar los costes de lo que se conoce como “control en puerto” del producto que, hasta el momento, corría a cuenta del Consello Regulador do Mexillón. Desde la directiva de la asociación Julián García matizaba que “a todos nos gustaría poder seguir abonando ese coste, pero tal e como está a situación económica é practicamente imposible, daí que se tomase esta decisión como a que todos considerabamos mellor nestes momentos”.
Y es que el control en puerto le costaba a la asociación insular al torno de 90.000 euros al año. Una cifra que Julián García considera “inasumible”. Por ello este servicio que ahora dejarán de pagar (después de una votación muy ajustada) deberán asumirlo con medios propios.
Hasta ahora esta era una cuestión de la que se ocupaba, al igual que otras, el Consello Regulador do Mexillón. Sin embargo la Asociación de Mejilloneros apunta que ellos mismos han realizado unos estudios de cuánto les podría costar este trámite y les sale más rentable no seguir pagando a la institución.
Lo cierto es que, y así lo aclaraba Julián García, esto no implica que el colectivo isleño abandone el órgano que preside en la actualidad Francisco Alcalde. De hecho la idea es ahora comunicarle al responsable de la entidad la decisión adoptada por la asamblea el pasado viernes.
En la actualidad la Asociación de Mejilloneros de A Illa abarca a un total de 180 bateas ubicadas en la Ría de Arousa.
El control de puertos era un paso más al que había que someterse por parte del Consello Regulador do Mexillón en el entramado de la Denominación de Orixe.
El hecho de que haya que abonar un total aproximado de 90.000 euros anuales ha motivado a una decisión que el propio García advierte que “non gusta nada”.
