La asamblea de la Sociedad Cultural y Deportiva de Vilalonga, celebrada en la noche del sábado, analizó con detalle la situación por la que atraviesa la entidad, al enfrentarse a un desahucio el próximo 23 de junio, si antes el Concello no desaloja voluntariamente las instalaciones que ocupa la Cultural.
Los socios, sin embargo, se mostraron tranquilos. Son conocedores de que antes de las elecciones todos los partidos con los que se reunieron adquirieron el compromiso de buscar una solución al problema del local. Sanxenxo Agrupación Liberal, que tiene en sus manos la opción de liderar el próximo Gobierno de Sanxenxo o de apoyar al PP para que lo haga, llegó incluso a firmar un documento de opción de compra con los propietarios del edificio, que se formalizaría posteriormente.
El PP, por su parte, no hizo pública cuál sería su solución al conflicto, aunque dejó entrever que no apoyaría la compra sino que más bien optaría por un alquiler.
A los socios de la Cultural les vale cualquiera de las dos vías. Lo único que quieren es que pasada la investidura del próximo alcalde, el día 13 de junio, solventar la situación de incertidumbre que asola a la Sociedad Cultural de Vilalonga sea una prioridad.
En el transcurso de la asamblea, a la que asistieron más de 200 personas, fueron muchos los puntos de vista que pusieron sobre la mesa los socios. Algunos de ellos plantean la búsqueda de un local alternativo que garantice una mayor estabilidad.
Sin embargo, esta opción tendría que ser a largo plazo, ya que se trata de una entidad con unas necesidades muy específicas que satisface plenamente el local que ocupan, pero el centro urbano de Vilalonga no ofrece muchas otras alternativas de similares características.
“Os socios coincidieron en indicar que a Cultural é a entidade de todo Sanxenxo que menos gastos e menos problemas lle xenera ao Concello de Sanxenxo, xa que os 1.000 euros que pagan polo aluguer son os cartos que viñan gastando no local co Club de Xubilados, que agora comparten con nós o espacio”, explicaba ayer Manuel González Pombo, presidente de la entidad.
El responsable de la junta directiva explicó también a los presentes los detalles de las diferentes conversaciones mantenidas hasta el momento tanto con el Concello como con el propietario. Cabe recordar que los problemas surgen al tratar de renovar el contrato de alquiler. Al no poder el propietario firmar con una administración pública surgieron las primeras discrepancias, que obligaron a barajar otras posibilidades. “O propietario pediulle ao Concello unha subida no aluguer, que non o vexo mal porque 1.000 euros pode ser algo pouco; pero logo o propietario quería tamén un aval, primeiro de 25.000 euros e logo foi baixando ata os 10.000 euros, e pedíallo á xunta directiva. Primeiro de seis meses e logo de tres. Chegamos a ter o tema firmado, pero acabou por non aceptalo”, explica González Pombo.
El Concello no abona el alquiler desde enero de 2014.
