El Concello confía en que el juzgado no multará porque le va a remitir la documentación de que dispone sobre el proceso de selección de 2007, que se abortó sin motivo aparente. Además aseguró que ya enviaron un escrito a la autoridad judicial explicándole que no le pueden remitir el expediente completo porque se han extraviado algunos documentos.
Los responsables municipales consideran que la portavoz del PSOE, Fátima Abal, volvió a recurrir a la justicia de manera injustificada porque, aseguran que el secretario le comunicó en su día que “non se lograra localizar todo o expediente” relativo a este proceso de selección de personal, pero “procurou aportarlle á máxima información posible”.
Es más, las mismas fuentes afirman que se le preguntó qué datos concretos quería para “ou ben extraelos do Rexistro de Entrada ou da Contabilidade Municipal” y entregárselos, pero “a portavoz socialista limitouse a esixir o expediente completo e a ameazar con acudir directamente o xulgado”; que fue lo que finalmente hizo.
A Abal, todos estos argumentos le han parecido siempre una excusa, pero el alcalde, Luis Aragunde, cree que aprovechó “o extravío dunha documentación para volver ao xulgado e acusalo de algo no que non ten responsabilidade algunha”. De hecho, respecto a la acusación de la concejala de que buscan marearla para no entregarle la documentación, Aragunde lo niega e insiste en que se le dieron todas las explicaciones y le acusa de “buscar pretextos para xudicializar a vida política”.
El regidor municipal confía en que el juzgado de lo contencioso número 3 de Pontevedra acabará archivando el recurso interpuesto por el PSOE cuando le remitan las alegaciones que están preparando, porque “mentres que non aparece o expediente completo”, le van a aportar “copia das bases e anuncios publicados (xa vistos pola voceira do PSOE) e a relación dos aspirantes presentados a cada unha das prazas”.
Por la misma razón, los responsables municipales creen que no llegará a imponer ninguna multa al alcalde por desobediencia y además, indicaron que ya el 17 de abril enviaron un escrito explicándole las causas de que no se le remitiera la documentación, aunque se la volvió a requerir en una providencia con fecha del día 21, que fue la que desveló el pasado martes la portavoz socialista y donde se advertía de la multa de 300 euros.
