Un nuevo caso de amenaza de embargo se registra en la comarca y desde la plataforma Stop Desahucios, su portavoz, Mariano Ibáñez, pide la implicación del Concello para que los afectados puedan acceder a unos servicios jurídicos que ellos no pueden costearse.
En este sentido, Ibáñez puntualiza que “se echa de menos un asesoramiento jurídico previo a la entrada en vía ejecutiva, pues estas familias tienen muy complicado costearse un abogado privado”. En este sentido, considera que este servicio podría organizarse desde el Concello y sugiere alguna alternativa como un convenio con el colegio de abogados o poniendo a disposición los servicios jurídicos de la administración local para estos casos. También sugieren la posibilidad de que se realice a través de un voluntariado jurídico.
Al respecto de la colaboración municipal, Ibáñez es claro y concluye que “son múltiples las opciones, pero esta Alcaldía no está por la labor de echar una mano ni en lo más mínimo”. n S. L.
