La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) da un plazo de tres meses a los propietarios de una casa y varias construcciones auxiliares ubicadas en O Vento, en la parroquia de Cea, para ejecutar su derribo. En la orden especifica que las edificaciones “non son legalizables por seren icompatibles co ordenamento urbanístico”.
La agencia abrió un expediente el año pasado y a principios del presente dio trámite de audiencia a los propietarios. Sin embargo, el resultado ha sido que se ejecute el derribo de la vivienda principal, usada como residencia, y de otras construcciones auxiliares en las que los dueños guardan enseres varios. Se trata de unas construcciones ubicadas en O Vento que llevan muchos años en pie.
Además de ordenar la demolición, la APLU establece que los terrenos donde se asientan deben devolverse al estado anterior al inicio de las obras y también exige “o cesamento definitivo dos usos aos que desen lugar” estas construcciones. Para todo ello le da un plazo de tres meses a contar desde la notificación de la resolución que, al no poder efectuarse de manera directa, se hace mediante un anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
El motivo de la decisión es que susodichos inmuebles “non son legalizables por seren incompatibles co ordenamento urbanístico”, añade la agencia en la notificación. También explica que se ha agotado la vía administrativa y que el interesado en recurrir esta decisión debe interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o directamente un contencioso-administrativo ante la justicia.
La APLU ejecutó el año pasado sobre una docena de derribos de construcciones ilegales en las comarcas de O Salnés y el Ulla-Umia. El ranking lo lideró Sanxenxo seguida de Cambados y Cuntis.
