Un Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) es, como su propio nombre indica, una entidad para la gestión de fondos europeos y de la Xunta para dinamizar y generar riqueza en las zonas rurales. En la comarca de O Salnés funciona desde hace años y ahora se ha fusionado con el de Ulla-Umia, pero el nuevo ente ha nacido dividido y bajo la amenaza incluso de abandono por parte de algunos concellos de la comarca gobernados por el PSOE. Y es que los críticos consideran que el proceso nace viciado y acusan a la anterior directiva de iniciar el proceso para elegir a sus representantes sin haber extinguido el GDR de O Salnés y modificado los estatutos para crear el resultante de la suma de ambos territorios. De hecho, el cambio se aprobó el mismo día en que se eligió la nueva junta directiva y esto crea duda a los críticos que consideran que nace viciado y podría poner en riesgo cualquier acuerdo posterior.
La asamblea extraordinaria donde se aprobaron los cambios estatutarios tuvo lugar el pasado viernes y posteriormente se eligió a Lourdes Ucha y Gonzalo Gonzalo Pita, como presidenta y vicepresidente, respectivamente, con el voto mayoritario de los 21 integrantes de la junta directiva, compuesta por 11 representantes del sector privado y ocho políticos.
El reparto de cuotas ya había dado problemas entre el PSOE y el PP, pero se había alcanzado un preacuerdo mediante el cual los dos partidos con mayor poder en las comarcas se quedaban con cuatro representantes cada uno y los independientes con dos. Sin embargo, los socialistas no ocultaron su rechazo al proceder de la anterior directiva, presidida por los populares, por haber iniciado el proceso de elección de los representantes de la junta sin cambiar los estatutos del GDR para la fundación del nuevo.
más de 3 millones en ayudas
Según algunas fuentes, su preocupación reside en que el proceso pueda invalidar cualquier acuerdo posterior, pero también reconocen malestar respecto a las formas del PP. Tanto es así, que algunos concellos no descartan abandonar esta entidad sin ánimo de lucro que en el anterior programa de ayudas gestionó 3,9 millones de euros en subvenciones concedidas a proyectos, 12,5 millones en inversiones ejecutadas y la creación y mantenimiento de casi 280 empleos.
La salida de los ayuntamientos no impediría que sus asociaciones y empresas pudieran concurrir a las ayudas, pero sí perderían peso en la toma de decisiones de la entidad. Con todo, los contrarios tienen previsto mantener una reunión en los próximos días para estudiar las opciones posibles, entre las que está impugnar los acuerdos adoptados en esa asamblea y tienen previsto consultar a técnicos jurídicos.
