Verja cerrada y cartel en la puerta. La imagen de un establecimiento clausurado que no sorprenderá al visitante porque se ha asimilado como estampa de cotidianidad en España sí ha causado un profundo malestar entre los naturales de Vilanova. Porque los vecinos conocen que el cierre de una botica con más de siglo y medio de historia se hace no por causas económicas sino por lo que se entiende como rigidez administrativa y judicial.
La calle y su contemporáneo reflejo en las redes sociales hervía ayer de indignación por la decisión de la Xunta de Galicia de forzar el cierre de la farmacia Canabal. La sentencia se ejecutó a mediodía del sábado, con la anulación del servicio de tarjeta sanitaria electrónica. Una modernidad que ha permitido una limpia y eficaz forma de abocar al cierre a un local sinónimo de tradición.
Quizás por esto, por haber estado ahí siempre, la causa de este negocio despertó el movimiento ciudadano de varias generaciones, con una concentración vecinal que se contó por centenas, más de 3.700 firmas en favor de su continuidad y un acuerdo plenario unánime para pedir un indulto que no llegó.
Ayer, por primera vez en 150 años, no se despachó en la botica de Vilanova. Sus trabajadores todavía accedieron a su interior para proceder al empaquetado y devolución de los medicamentos, la escena del desmantelamiento.
Se declaraban resignados, y agradecían el apoyo prestado. Pero se iban con el sabor mezclado de quienes se saben en el paro mientras corre el discurso público de poner freno al desempleo, coronado como principal lacra de esta incierta década en pleno siglo XXI. Porque se va un negocio antiguo y un modelo de concesión discutible del que no se benefician otras farmacias en el municipio, pero también se van cuatro puestos de trabajo en una comarca fuertemente deprimida.
La botica Canabal abría sus puertas hacia 1860. La normativa vigente en la década de 1930 permitió que a la muerte de su titular, la licencia pasase en herencia a la hija del fundador, una mujer que no tenía título de farmacéutica. Pero la ley estipulaba la extinción de la concesión a la muerte de esta, fallecimiento que se produjo en 2006.
Desde entonces se sucedieron los recursos, para poder revertir la condena al cierre. La lucha llegó al Tribunal Supremo, que tampoco amparó la continuidad de la farmacia. La Xunta estudió estas anteriores semanas un último recurso apoyado por el movimiento social, pero no se logró cambiar el sentido de la decisión ni plantear opciones como la concesión de un nuevo permiso. Finalmente, se hizo cumplir la ley, aunque muchos tenían ayer la sensación de que no satisfizo a casi nadie.
