Las constantes amenazas de muerte que le profería su hermano, un hombre con un marcado carácter violento agravado por el frecuente consumo excesivo de alcohol, llevaron a Santiago Gómez Lorenzo a proveerse de un spray protector. Este es el clima que se presenta en el escrito de la defensa del acusado por el fraticidio para pedir su absolución alegando que fue el “miedo insuperable” a la víctima lo que provocó los hechos que conmocionaron a la sociedad vilagarciana el 19 de septiembre de 2012.
Varios testigos confirmaron estas amenazas que se producirían tanto en el lugar de trabajo (ambos formaban parte de la plantilla del Concello, la víctima como miembro de Espina y Delfín y el acusado era eléctrico) como en el de residencia (vivían a escasos metros).
De hecho, fueron varias las denuncias que Santiago Gómez presentó en este sentido aunque ninguna prosperó.
El día en que se produjeron los hechos, y siempre según la versión del acusado, Santiago Gómez se encontraba en la huerta de su casa cuando su hermano se dirigió a él de malos modos y le hizo un signo de que le iba a cortar el cuello. El hombre pidió ayuda a su madre y fue en ese momento cuando Alfonso Gómez se abalanzó hacia él por lo que repelió el ataque haciendo uso del spray que llevaba en su bolsillo y se fue a su casa.
Allí coge la escopeta de caza por miedo a un nuevo ataque y regresa al jardín para continuar con los trabajos de riego y en ese momento vuelve a producirse un nuevo encontronazo cuando Alfonso Gómez se dirige hacia su hermano portando en posición de ataque la navaja que llevaba consigo a todas partes y que la Policía Científica localizaría días después a escasos metros del lugar del crimen.
El acusado cargó entonces la escopeta aunque en un primer momento tan solo la utilizó para empujar a su hermano, que pese a que cayó al suelo volvió a reincorporarse amenazante, por lo que, tras una advertencia, Santiago Gómez le dispara para frenarlo resultando el tiro mortal ya que le alcanzó la femoral.
Fue el propio acusado el que dio aviso a los servicios de emergencia, otro hecho que la defensa tiene en cuenta como atenuante. Por ello, solicitan la libre absolución de Santiago Gómez Lorenzo, del que dicen que actuó por un “miedo insuperable” e impulsado “por un estado de necesidad”. Por la contra, el fiscal pide diez años de prisión y la acusación particular veinte.
