La Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia acordaron ayer poner en marcha una comisión técnica para modificar el mapa provincial de emergencias, dando respuesta a las demandas y mejoras propuestas por la gerencia del Consorcio de Bomberos, en el que se integran los parques de Ribadumia y Vilagarcía.
El ente provincial celebró ayer el Pleno ordinario de abril en el que se tramitó este acuerdo. Se presentaron dos informes de análisis y de propuestas de gestión en el que se proponen diferentes soluciones para “arranxar as carencias en canto a funcionamento das emerxencias da provincia, ben en relación ás zonas de sombra, ao mapa de emerxencias ou aos tempos de resposta”, indican desde la Diputación.
La futura comisión técnica tomará como partida los informes aportados por la gerencia del Consorcio para “abordar de xeito consensuado as carencias en materia de loita contra incendios e salvamento”.
La misma comisión conjunta servirá, además, para “decicir o futuro dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES)”.
Ambas administraciones valoraron de forma “positiva” los informes aportados y se acordó “traballar o máis rápido posible para avaliar estes documentos”. También se pactó que las conclusiones se trasladarán al grupo de trabajo ligado a Protección Civil que se creó tras el acuerdo de la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la Cooperación Local.
“Boa saúde económica”
El Pleno del Consorcio de Bomberos aprobó ayer también otras cuestiones que, según indican desde la Diputación, “poñen de manifesto a boa saúde económica da entidade”.
De esta forma, entre los datos hechos públicos ayer figuran 643.099,13 euros de superávit tras cerrar la cuenta general del año 2016. Además, se refieren 3,5 millones de euros en remanente de tesorería positivo, cifra prácticamente similar a la de los fondos líquidos disponibles.
La deuda era de cero euros al finalizar 2016 y, según el adelanto de los datos del primer trimestre del año 2017, el periodo medio de pago a empresas proveedoras es de 25 días, cinco antes del máximo legal de 30 que estipula la normativa estatal. l
