El Concello de O Grove recibió hace aproximadamente un mes la última notificación de la APLU en la que este organismo rechaza los recursos presentados por el Gobierno local contra la orden de demolición del Edificio Administrativo.
La imposibilidad de legalizar el inmueble, que alberga desde hace ya varios años varios departamentos municipales, lleva a la APLU a continuar adelante con su intención de derribar el edificio.
En la notificación, recuerda al Concello que tiene un plazo —de dos meses desde la recepción de la resolución— para presentar un recurso contencioso-administrativo.
Por ello, Miguel Ángel Pérez confirmaba ayer que el gabinete jurídico contratado por el Concello trabaja ya en la presentación de esta documentación.
El regidor sigue así su estrategia de “ganar tiempo” anunciada ya hace unos meses. Y es que Miguel Ángel Pérez, antes de recurrir al Contencioso como le solicita el portavoz del PSOE de forma reiterada, ha querido agotar la vía administrativa.
La resolución de la APLU da ahora por finalizado ese proceso de defensa de lo construido, por lo que el Concello conmezará ahora la vía judicial.
Subvención
Paralelamente a la situación urbanística del edificio administrativo, está la reclamación de las subvenciones concedidas en su día para su construcción.
Cabe recordar que la Dirección Xeral de Administración Local paralizó la última anualidad de la ayuda concedida; acuerdo que también fue recurrido por el Concello aunque todavía no obtuvo respuesta alguna.
Pero además advertía que estudiaría la reclamación de las cantidades pagadas con anterioridad. Sobre este asunto el Concello no ha tenido por el momento más noticias.
Miguel Ángel Pérez recordaba ayer que el problema derivado de la construcción del edificio administrativo “vino de la mano de Cacabelos y de su absoluta irresponsabilidad, que encima se permite dar lecciones de urbanismo”.
