Sanxenxo se suma al acuerdo entre Poder Judicial, Fegamp y Xunta para apoyar a los desahuciados

Abordar conjunta y coordinadamente medidas que den respuesta a las situaciones de especial vulnerabilidad o desvalimiento que se pudiesen detectar en el curso de los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria o desahucios de viviendas habituales por falta de pago de la renta que fuesen constatadas por la Administración de justicia en la tramitación procesual, es el objetivo del convenio suscrito entre la Xunta de Galicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Galega de Municipios e Provincias y al que se ha sumado también el Concello de Sanxenxo.
Este acuerdo establece, pues, un protocolo de actuación para que aquellas personas que se encuentran en especial riesgo de exclusión y vulnerabilidad obtengan una respuesta adecuada de las administraciones.
Así, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un juicio por falta de pago de la renta en el que existan elementos que convengan la aplicación del Código de Buenas Prácticas Bancarias por razones de edad, imposibilidad de valerse por sí mismo o cualquier otra situación la Autoridad Judicial podrá estimar la conveniencia de que intervengan los servicios sociales de la Xunta de Galicia o del Ayuntamiento.
Ante ello, la Administración autonómica o local podrá adoptar la decisión oportuna y en caso de las ejecuciones bancarias incluirlas en el programa de realojos de afectados gestionado por el Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo (IGVS) o recabar la intervención de los servicios sociales garantizando la atención debida.
Y es que todos los firmantes del convenio coinciden en que la situación de crisis económica de los últimos años motiva que muchos ciudadanos estén inmersos en procedimientos de ejecución que terminan en la subasta y adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias. “Esto ha provocado la adopción de sucesivas  medidas de política económica que, no obstante, deben completarse con otras que permitan su extensión a los particulares con la finalidad de mitigar esta situación”, recoge el documento.