El gobierno local de Caldas ha aparcado, de momento, la idea de instalar radares en los accesos a la villa. La iniciativa, que tanta polémica generó al oponerse frontalmente la asociación de comerciantes y mostrar su recelo la oposición, está en “stand-by”, según confirmó ayer el alcalde, Juan Manuel Rey. “Está parado. Ya dije en su día que solo se haría con consenso social, que aparentemente no existe, y por tanto no saldrá adelante” por ahora.
Las quejas de los vecinos por las altas velocidades a las que circulan algunos vehículos por calles como Doña Urraca —la carretera hacia Portas— o la Avenida de Pontevedra, dos de los principales accesos al casco urbano caldense, motivaron la realización de un estudio del tráfico en estas dos vías. Los resultados fueron bastante alarmantes, al comprobarse que el 64,1% de los conductores infringían el límite de velocidad, fijado en ambos casos en 50 kilómetros por hora. Se planteó entonces por parte de la Policía Local la colocación de radares en todos los accesos a la villa —un total de cinco cabinas con dos controladores que rotarían entre ellas— para tratar de forzar a los vehículos a cumplir las normas de tráfico, una medida que además iría vinculada a la ampliación del aparcamiento en zona azul.
los colegios
El rechazo generado entre algunos sectores sociales ha motivado que la propuesta haya caído en el ostracismo. Aunque Rey no acaba de descartarla del todo. El alcalde sopesa la posibilidad de realizar un nuevo estudio sobre el tráfico y, “de mantenerse los niveles de peligrosidad, volveremos a plantearlo y habrá que tomar una decisión”, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de colegios en tres de las calles de entrada al casco urbano.
Una de las alternativas que se había barajado con anterioridad fue la instalación de badenes o pasos de peatones elevados, pero tanto Fomento como la Diputación —titulares de las carreteras— rechazaron esta opción.
