La alcaldesa de Sanxenxo y el exedil Ángel Casal, imputados por irregularidades urbanísticas

La alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González Bea, y el exconcejal de Urbanismo, Ángel Casal, han sido imputados por el titular del Juzgado número dos de Cambados por un presunto delito de prevaricación por diversas irrregularidades urbanísticas.Ambos, junto a otros políticos y técnicos, deberán prestar declaración la semana próxima acompañados de abogado y procurador.La Policía Judicial se ha dejado caer de nuevo por Sanxenxo y dejó tras de sí una estela de nervisiosismo que ayer era fácilmente palpable tanto en la Xerencia como en el propio Consistorio.
Y es que al parecer, los agentes se desplazaron en esta ocasión a Sanxenxo para formalizar la entrega de entre 7 y 9 notificaciones judiciales. Les fueron entregadas a varios técnicos de la Xerencia de Urbanismo, a algunos extrabajadores de este departamento municipal y también a responsables políticos. Entre ellos podría está la propia alcaldesa y presidenta de la Xerencia, aunque desde el Concello ayer evitaron confirmarlo. También se encontraría imputado el exconcejal de Urbanismo de Sanxenxo, Ángel Casal.
Todos ellos deberán prestar declaración en el Juzgado de Cambados la próxima semana, entre el martes y el miércoles, acompañados de sus correspondientes abogados.
Fuentes judiciales confirmaban ayer que las declaraciones forman parte de las diligencias previas que se están instruyendo en el Juzgado número 2 de Cambados en relación con una investigación vinculada a presuntas irregularidades urbanísticas. Estas mismas fuentes pospusieron hasta mitad de semana la confirmación de que se pueda imputar a los notificados en un presunto delito de prevaricación, aunque ayer en Sanxenxo fuentes próximas al Gobierno local hablaban de entre siete y nueve imputados.
Las declaraciones que la semana próxima deberán prestar en el Juzgado técnicos y políticos de Sanxenxo podrían estar vinculadas con la investigación iniciada por la Fiscalía en febrero del pasado año.
Cabe recordar que en aquel entonces el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil se había personado en el Concello para solicitar al menos cinco expedientes. Eran los relativos a los chalés de Ferro Messego en Dorrón; unas viviendas en Bascuas y el edificio de la calle Progreso, entre otros.
La alcaldesa aclaraba entonces que la investigación comenzaba a raíz de la denuncia, ante la Fiscalía Provincial, de tres particulares que habían entregado “hojas sueltas” de los expedientes. Parece que aquello ha derivado en la apertura de una causa judicial.