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Vilagarcía

Abierto el plazo para alegar contra la ordenanza que fija tasas por usar los locales culturales

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Desde hoy mismo todos los particulares o asociaciones que deseen presentar alegaciones a la ordenanza que regula las tasas por el uso de los locales culturales pueden hacerlo. La publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia abre un proceso esperado no solo por las colectivos vilagarcianos, sino también por los grupos de la oposición que ya han advertido de que presentarán un texto alternativo al defendido y aprobado inicialmente por el gobierno presidido por Tomás Fole. Y es que a nadie parecen convencer las explicaciones del edil de Cultura, Fran González, que insiste por activa y por pasiva que los colectivos sociales no tendrán que abonar ni un solo euro por usar las instalaciones municipales. Un apunte que no figura de forma tan clara sobre el papel.

Por el momento toda la documentación referida a la citada ordenanza puede consultarse en el departamento de Tesorería Municipal.

consenso

Después del tumultuoso Pleno en el que se dio luz verde tanto al reglamento como a la ordenanza de usos culturales los colectivos iniciaron una guerra paralela con la que pretenden hacer entrar en razón al equipo de gobierno.

Tanto los colectivos sociales como los grupos de la oposición coinciden en que hay artículos que son totalmente ambiguos y que la polémica se zanjaría accediendo el ejecutivo a cambiar el enunciado de alguno de los mismos por otro que sea más claro. Y es que lo que todos pretenden es que sobre el papel quede claro y especificado que solo pagarán por el uso de los locales culturales aquellas empresas o entidades con ánimo de lucro.

Esta cuestión, fundamentalmente económica, no es la única que preocupa a las asociaciones.  Los colectivos tampoco están de acuerdo en las exigencias acerca del uso de los locales de las parroquias mediante las cuales se advierte que sean los vecinos los que vigilen, además de obligar al establecimiento de una programación trimestral. Varias cuestiones que las asociaciones entienden absolutamente inviables y que advierten que el ejecutivo debe rectificar en la citada ordenanza.

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