Alrededor de 200 personas han respaldado con su firma la entrada de otras tantas denuncias en los edificios de la Xunta de Galicia en Vigo para demandar solución al conflicto de las preferentes.
La acción, coordinada por la plataforma de afectados de la ciudad olívica, ha contado con respaldo de damnificados de otros puntos de Galicia como O Salnés y constituye una nueva vía para intentar buscar soluciones a los productos tóxicos, de los que muchos clientes de banca todavía siguen actualmente conociendo que se encuentran afectados.
Las cerca de 200 denuncias fueron presentadas ante el Instituto Galego de Consumo “por su responsabilidad al dar autorización a la comercialización como autoridad administrativa”, ya que consideran estos afectados las preferentes o la deuda subordinada fueron sacados al mercado por las entidades emisoras, pero con el “beneplácito de la Xunta de Galicia”. Insisten en que estos productos bancarios “han resultado ser contrarios a los intereses de los consumidores, pudiendo mediante cláusulas abusivas, mala praxis en su comercialización e, incluso, a nivel de indicios en el conjunto de evidencias durante su comercialización, llegar a ser considerado estafa”, señalan.
Por todo ello, esta nueva iniciativa insta a Consumo y a la Xunta a “dar solución de inmediato a esta situación generada con su consentimiento, por no decir complicidad, en la cual se ven inmerso gran número de personas afectadas por esta comercialización abusiva y fraudulenta”, afirmando que los entes citados “no están exentos de responsabilidad”.
