Arrecia el temporal en el sector naval público cuando las amenazas se ciernen también sobre la plantilla y las instalaciones de Navantia. Pero se cumplen ya más de dos años en los que los trabajadores de la principal y de las auxiliares no han dejado de denunciar con sucesivos calendarios de movilizaciones los efectos de la paulatina caída de ocupación. Por el camino se han quedado cerca de 3.000 empleos de las subcontratas, sumidas en estos momentos en un mar de expedientes de regulación y procesos concursales.
En apenas tres años el sector naval, que ocupaba entonces a más de 5.000 personas en Ferrolterra, ha adelgazado hasta mantener ahora solo a los 2.300 de la principal, en situación de creciente subactividad, y a apenas un millar de auxiliares que, en su mayoría, tienen dentro de este año fecha para la rescisión del contrato.
Todos los gremios
La debacle afecta ya a todos los gremios. Los expedientes de regulación de empleo llovieron en primer lugar sobre las firmas de ingeniería y las grandes del metal, como Maessa o Nervión, y fueron llegando también al resto, desde los vigilantes de seguridad hasta los servicios de limpieza, pasando por electricidad, pinturas o habilitación. Por el camino han desaparecido empresas como Elecnaval o TAE y otras sobreviven difícilmente, reducidas a su mínima expresión, con contratos del área de reparaciones.
En la manifestación que los trabajadores de Navantia y de las auxiliares protagonizaron el pasado martes se plantaron cruces por la defunción, al menos simbólica, del tejido industrial que antes existía en torno a Navantia. En la ría eran más de 75 las empresas de más de diez empleados que mantenían una relación estable con la principal, pero prácticamente todas se han visto abocadas a aplicar regulaciones. En el último año este proceso se ha intensificado.
Clece, Acciona, Atenasa, Turmoil o Dinain son solo algunas de las que han aplicado un ERE de suspensión temporal de los contratos. Otras han optado por descolgarse del convenio y aplicar reducciones de sueldo, cuando no las dos cosas a la vez.
Fuentes de la Federación de Industria de CCOO en la comarca sitúa en 1.234 el número de trabajadores afectados por los expedientes de regulación que han pasado por su gabinete jurídico en el presente año.
Desde la CIG refieren las negociaciones que se están desarrollando en estos últimos días en dos empresas. Calsomatu, por una parte, aplicó un ERE para la extinción de 15 empleos, después de haber despedido a otros 18 trabajadores a lo largo del último año, después de haber planteado de entrada un ERE para la supresión de 25 puestos que, según ofrecía la firma, podía retirarse en el caso de que los trabajadores accediesen a rebajarse el sueldo. Según explicó Mon Afonzo, representante de la Federación do Metal, los operarios rechazaron ese ofrecimiento y se acordó un ERE de extinción de los citados 18 empleos, pese a lo cual la empresa aplicó en la siguiente nómina, a la plantilla restante, una rebaja del sueldo. La situación llevó a la central a cursar una denuncia ante Inspección de Trabajo y a convocar una huelga. Este mismo jueves se alcanzó un acuerdo según el cual Calsomatu va a respetar las condiciones laborales anteriores y va a reincorporar a alguno de los despedidos para atender un encargo del área de reparaciones.
También se está negociando un expediente en la firma de habilitación Gabadi. Allí los trabajadores acaban de rechazar la propuesta de despedir a 18 indefinidos –inicialmente eran 28–, medida que viene acompañada de la no renovación a otros 37 eventuales.
Electrorayma es otra compañía veterana del sector naval ferrolano que negocia estos días la aplicación de un expediente de regulación. Se plantea, de partida, una rebaja de los salarios y un recorte de jornada.
