El Servicio de Vigilancia Aduanera comenzó en el año 2009 una investigación sobre Antonio Carballa porque tenía serios indicios de su vinculación con una nueva operación de narcotráfico. No fructificó. Y a raíz de aquello surgió la Operación Patas, que puso de relieve el patrimonio familiar y llevó a la Fiscalía a plantear el proceso judicial por blanqueo de capitales que ayer concluía en la Audiencia Provincial. Así lo confirmaron en sus alegatos finales los abogados de la defensa y lo corroboró más tarde el fiscal, Luis Uriarte.
La última sesión de este juicio terminó con los alegatos finales de los imputados. Antonio Carballa se dirigió a los jueces asegurando que se arrepiente de su pasado pero que quiere situarse “del lado bueno de la vida”, aunque reconoció que se encuentra con “muchas dificultades”.
Su esposa, María Luis González, también quiso dirigirse a los magistrados para, entre lágrimas, decir que lleva cuarenta años trabajando “y con la carga de mi marido, y no quiero que mis hijos sigan con ella”.
Tanto la hija como el yerno de Antonio Carballa renunciaron a la posibilidad de un alegato final, que sí realizaron los otros dos imputados, los hermanos Prado Padín, que reconocieron sentir “miedo de ir a la cárcel” por no haber acreditado bien las operaciones realizadas por las empresas en las que figuran como administradores.
alegato del fiscal
Luis Uriarte mantuvo la petición de condena para los seis imputados, aunque en el caso de Daniel Donoso, yerno de Carballa, reconoció que en caso de ser cierto que el préstamo recibido para hacer su casa en Toledo fue concedido por el abuelo de su esposa, “no habría cometido delito alguno”. Con todo, no retiró los cargos contra él.
Uriarte cargó las tintas contra Antonio Carballa, que fue condenado a 26 años de prisión y que ha dedicado “15 años de su vida al narcotráfico. No ha trabajado hasta el 2004 y no tiene forma de justificar los fondos con los que adquirió tantos bienes”.
Sostuvo que las operaciones realizadas por las mercantiles tras las que se encuentra Antonio Carballa utilizaron el dinero aportado por éste y procedente de sus beneficios en el narcotráfico.
Y no fue más blando con los otros cuatro imputados, a los que considera culpables por haberse prestado para que Carballa blanquease el dinero. En el caso de la esposa y de la hija, ambas reconocieron que figuran al frente de las empresas familiares por los problemas de Magdalena para conseguir financiación, debido a sus sentencias condenatorias, pero que las decisiones las tomaba él.
Insistió en la imposibilidad de que el abuelo le hubiese prestado los 159.000 euros a Beatriz Carballa para la adquisición de la parcela en la que edificó su vivienda y cuestionó su solvencia para comprar la plaza de amarre en Combarro.
En el caso de los hermanos Prado Padín se refirió solo a las pruebas que constan en la instrucción.
Por último el fiscal pidió que se tomasen medidas judiciales contra el perito que valoró los bienes de la familia Carballa, ya que considera que pudo haber incurrido en un delito de falso testimonio debido a la escasa rigurosidad del trabajo realizado y de las valoraciones que aportó.
