Prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Estos son los tres presuntos delitos por los que la alcaldesa de Sanxenxo tendrá que declarar este viernes, a las 9 de la mañana, en el Juzgado de Cambados en calidad de imputada.
Ayer comparecía sola para explicar lo ocurrido y lo hacía en un salón de plenos repleto de periodistas y con el grupo de Gobierno en un discreto segundo plano.
La alcaldesa comenzó su intervención dejando claro que en Sanxenxo “no existe ningún tipo de corrupción urbanística”, y situó lo ocurrido estos últimos días como una “venganza interesada de quien quiere sacarme de en medio para volver a controlar el urbanismo en Sanxenxo”.
Y a esas personas les lanzó una advertencia: “Si alguien piensa que va a quitar a esta alcaldesa por la puerta de atrás, ha pinchado en hueso”.
Catalina González recordó que desde su llegada a la Alcaldía, en diciembre de 2006, dio instrucciones a la plantilla de la Xerencia para que trabajasen “con extrema pulcritud en todos los expedientes”.
Por ello su concienca, insistió, está muy tranquila. Pero también añadió que está “muy dolida”. Y es que tanto las denuncias que provocaron la investigación como la imputación “ha causado un daño personal irreparable”. Pero “no tengo nada que ocultar” y cuando la investigación llegue a su fin “me reservo el derecho de actuar contra unas personas que pretendían conseguir unas licencias de una forma irregular”.
La alcaldesa recordó que el pasado lunes la Policía Judicial se personó en el Concello con una orden en la que solicitaban cinco expedientes originales y les daban un plazo de tres días para entregarlos. Pasaron a recogerlos el jueves por la mañana y por la tarde volvieron a entregar las notificaciones.
Los chalés de Ferro Messego junto al cementerio de Dorrón; el edifico de Balboa y Chan en la calle Progreso; y las tres viviendas de Caneleiro en las proximidades de la playa de Bascuas son los tres expedientes investigados. A ellos se suma la primera licencia de la vivienda del aparejador municipal, otorgada en el año 2002 y otra de una vivienda particular situada cerca de Montalvo.
En total, el Juzgado se ha centrado en cinco licencias. Todas ellas aprobadas antes de la llegada de Catalina González a la Alcaldía. Por ello, ella no ocultó su sorpresa porque la investigación no haya salpicado a ningún otro político —salvo el exconcejal de Urbanismo Angel Casal—. Y aunque hizo varias referencias al hecho de que las licencias eran anteriores a su llegada a la Alcaldía, solo utilizó un nombre propio. El de Francisco Villaverde, exconcejal de Urbanismo en el PP y más tarde promotor de SAL.
“Yo tengo muy claro todo lo que está pasando y quien está detrás”. “Cuando en el año 2011 si yo iba a ser la candidata del PP, salen unas caras. Yo aparté de las listas electorales a algunas personas. Y técnicamente también aparté a algunos del urbanismo”. Sumándolo todo, Catalina González llega a la conclusión de que quienes están detrás de los tres vecinos de Vilalonga que formalizaron las denuncias que puso en guardia a la Fiscalía.
“Es curioso que Villaverde no esté citado ni como testigo. No sé si tiene algo que ver con que los denunciantes sean del entorno del partido que él promovió, pero me resulta curioso”.
Catalina González reconoció haber firmado, como presidenta de la Xerencia de Urbanismo, la licencia de primera ocupación para el polémico edificio de la calle Progreso y para una de las viviendas en Bascuas. Lo hizo, dijo, porque todos los informes técnicos eran favorables y no había sentencia alguna en contra.
Y esto es lo que tratará de explicar el viernes al juez titular del número 2 de Cambados, de quien ayer se puso ya a disposición para tratar de esclarecer todo lo relacionado con los expedientes investigados.
Apoyo del partido
Catalina González no baraja dimitir. Al menos no por el momento. Sin embargo, en el mismo momento en que conoció su imputación en esta investigación llamó al presidente provincial del PP para poner su cargo a su disposición, tanto dentro de la organización como en la Alcaldía. “No me lo tuvo en cuenta y se lo agradezco, porque me da la oportunidad de defenderme desde la administración”.
Así respondía también a las peticiones que durante el fin de semana llegaban desde las filas de la oposición, que demandaban una dimisión a la espera de que se confirmen las imputaciones.
Y es que la reacción de BNG y PSOE no se hizo esperar. Nada más conocerse la imputación de la alcaldesa exigieron responsabilidades, mientras que el PP cerró filas con la regidora.
Catalina González, que reconoció formar parte del Gobierno local desde el año 1999 y, por tanto, asumió ayer cualquier decisión que tomase con anterioridad a su llegada a la Alcaldía, reprochaba la postura de la oposición, a quien ayer recordaba que también forman parte de la Xerencia.
Todos los expedientes investigados pasaron en varias ocasiones por la Xerencia. La oposición tuvo acceso a ellos. “Si alguno de los grupos hubiese detectado alguna irregularidad no hubiesen esperado a que un particular presentase la denuncia, lo hubiesen hecho ellos mismos. Si no lo hicieron será por algo. Por eso, no entiendo a que viene ahora esta actitud”.
