El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso presentado por los socialistas José Manuel Vázquez, José Antonio Cacabelos y Tania García contra la ordenanza reguladora de la tasa de agua que aprobó la Mancomunidade do Salnés en 2011. Además, les impone el pago de las costas judiciales, que ascienden a 1.000 euros.
La magistrada de la sección 4 de la sala de lo contencioso- administrativo, María Dolores Rivera, considera que no están legitimados pues la recurrieron a título particular y por tanto “no pretenden defender los intereses de los ayuntamientos de los que son Alcaldes, pues no actúa en representación de estos”.
Es más, la ponente expone que la anulación de la ordenanza “ninguna ventaja les va a acarrear en su esfera particular” y destaca que no se cumplen los presupuestos necesarios para invocar un interés legítimo en los términos previstos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por tanto, “ha de negárseles legitimación activa para instar en la condición en la que actúan la nulidad” de la ordenanza.
También expone la jueza que esta es “una disposición de carácter general en la que los sujetos pasivos en concepto de contribuyentes son los ayuntamientos que forman parte de la misma (en referencia a la Macomunidade)”.
Aunque Vázquez sea regidor municipal de A Illa de Arousa y García y Cacabelos portavoces del PSOE en Vilagarcía y O Grove, respectivamente, y como tales, pertenecen a la entidad supramunicipal como vocales; el recurso lo interpusieron como particulares y así lo reflejaron en la escritura notarial de otorgamiento de poder para pleitos, indicando que presentaban el recurso “en su propio nombre y derecho”, según la sentencia.
De este modo, la sala estima la petición de la defensa de la Mancomunidade do Salnés quien solicitaba la inadmisibilidad del recurso “por falta de legitimación activa de los recurrentes”, alegando que los únicos destinatarios de la ordenanza son los ayuntamientos y “no las personas físicas, que no se ven afectadas ni por la ordenanza ni por la tasa”, según la resolución judicial.
Por su parte, los socialistas recurrieron la ordenanza basándose en la comisión de “irregularidades” en la tramitación del expediente. Concretamente mencionaron la supuesta ausencia de un dictamen de la comisión informativa y que los miembros de la Junta de la Mancomunidad “no tuvieron conocimiento del expediente” antes del Pleno donde se aprobó provisionalmente. También referían que el estudio económico-financiero “no cumple con los requisitos legales”. Vázquez ya había presentado alegaciones en el seno del ente comarcal pero fueron desestimadas.
el PSoe espera estudiarlo
La resolución judicial no es firme y disponen de diez días para interponer un recurso de casación. No obstante, los socialistas todavía no han tomado tal decisión, a la espera de estudiar al detalle la resolución dictada por la magistrada.
