El gobierno local de Vilagarcía espera que en unos días la Secretaría Xeral de Urbanismo, de la Xunta de Galicia, responda a la consulta jurídica realizada en relación con la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal para frenar la implantación de grandes superficies comerciales en el municipio.
El alcalde, Alberto Varela, la concejala de Urbanismo, Paola María, y el arquitecto técnico Emilio Pumar, acudieron ayer a una reunión con la secretaria xeral de Urbanismo.
La entrevista sirvió para abordar las dudas sobre algunos artículos de la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga). Los representantes de la administración municipal plantearon a la Secretaría Xeral de Urbanismo una duda jurídica y el gobierno socialista calcula que la próxima semana habrá una respuesta.
Esta información es clave para que el Concello adopte una decisión los cambios en el PXOM. Una vez reciba la respuesta de Urbanismo de la Xunta, el alcalde convocará una junta de portavoces y a la asociación de comerciantes Zona Aberta a una reunión.
Precisamente la visita a Santiago fue un compromiso adquirido por el ejecutivo socialista durante la última reunión a varias bandas y a propuesta precisamente de los abogados de Zona Aberta.
La modificación puntual del PXOM para regular la implantación de superficies económicas en Vilagarcía es la última carta urbanística que puede jugar el Concello debido precisamente al retraso en la revisión del Plan Xeral y al descarte de la paralización de licencias, ya que los asesores jurídicos de Ravella consideran que conllevaría graves consecuencias para la administración municipal.
Sin embargo, esta modificación debe contar con la aprobación de la Secretaría Xeral de Urbanimo. En el caso concreto de Vilagarcía, al encontrarse el Plan Xeral en proceso de revisión, el Concello debería justificar la utilidad públcia de la medida para que esta recibiese el visto bueno de la Xunta.
Precisamente criterios de interés público, como la saturación del mercado o los daños económicos, eran contemplados antes por la administración autonómica a la hora de conceder licencias a los centros comerciales. Una directiva europea limita ahora el uso de estos criterios.
