A apenas diez días del juicio por el ERE declarado en Cuca, Garavilla se muestra dispuesta a negociar las indemnizaciones de las trabajadoras que decidan, por cuestiones personales, no asumir el traslado a O Grove. La empresa condiciona las cantidades al número de operarias que se acojan a esta medida.
Esta nueva invitación al diálogo fue analizada ayer en asamblea por las trabajadoras de Cuca que si bien están dispuestas a retomar las negociaciones con el grupo conservero mantienen una postura férrea en cuanto a las garantías de empleo. “Para que se pueda llegar a un acuerdo es preciso que la empresa ofrezca además de las indemnizaciones para las operarias que no se puedan desplazar a O Grove, garantías reales de empleo. Estos dos puntos son claves”, advirtió ayer el portavoz de Comisiones Obreras, Francisco Vilar.
El resultado de las decisiones tomadas por mayoría en la asamblea fue trasladado a la empresa a la espera de una contestación. “Por ahora, la empresa no ha cedido en ninguno de los puntos que nosotros consideramos imprescindibles para llegar a un acuerdo. Valoramos positivamente que quiera seguir negociando, pero esperamos que sirva para algo”, dijo Vilar.
El escenario de la próxima cita será de nuevo el Consello de Relacións Laborais y todo parece indicar que será algún responsable de la Consellería de Traballo el que asuma el papel de mediador. Cabe recordar que la última cita fue el pasado 6 de marzo y pese a que la reunión duró varias horas, las partes no consiguieron llegar a un acuerdo. Desde esa fecha y concretamente en las últimas semanas, la retirada de la maquinaria de la empresa con un importante despliegue policial en la zona solo ha servido para tensar los ánimos entre las partes.
Por el momento, las trabajadoras de Cuca mantienen las guardias veinticuatro horas en el exterior de la fábrica para evitar que se siga retirando maquinaria que todavía se deposita en el exterior de la nave. Cabe recordar que las intenciones de la empresa es que en junio, el traslado tanto de la plantilla como del mobiliario estuviese ya completado para poder iniciar la campaña del mejillón. Esto depende ahora de si trabajadoras y empresa llegan a un acuerdo o si por el contrario será el juez el que decida finalmente cómo termina este conflicto.
