PONTECESURES-La empresa de la guardería denuncia por falta al honor a Tarela y le pide 6.000 euros
La empresa Ana Naya S.L., gestora de la guardería municipal de Pontecesures, ha presentado en el juzgado de paz de la villa una denuncia contra la concejala del equipo de gobierno Cecilia Tarela por una supuesta falta al honor. La teniente de alcalde afirmó tanto en los medios de comunicación como en un Pleno que la compañía había incumplido las condiciones de la adjudicación en varios de sus puntos, motivo por el que el tripartito cesureño ha decidido no prorrogarle el contrato. En concreto, afirmó que Ana Naya S.L. pretendía reducir la jornada a sus trabajadores, lo que supondría “incumprir as ratios” de educadores por número de alumnos. También aseveró que el Concello “mandoulle varios avisos para que cambiara materiais” del centro que “tiñan que renovarse, e aínda estamos esperando”.
La denuncia por atentar, supuestamente, contra el honor de la empresa tendrá como primer acto una conciliación en el juzgado de paz cesureño —probablemente entre principios y mediados de mayo—. Ana Naya S.L. insta a Cecilia Tarela a retractarse de sus manifestaciones y le reclama una indemnización “solidaria” de 6.000 euros, según confirma la propia concejala. De no haber acuerdo, la denuncia seguirá su curso.
Julio Prol, director de recursos humanos de Ana Naya S.L., transmitió la “indignación” y “decepción” de la compañía por las palabras de Cecilia Tarela. Aún sin querer ahondar en la polémica, considera “imprudente” que “un político haga este tipo de declaraciones sin justificarlas y sin tener datos concretos. Los comentarios no son ciertos y queremos que rectifique”. Sobre la supuesta existencia de material en mal estado en la guardería, Prol indica que “los padres entran todos los días en el centro y jamás comentaron nada. Este es el mejor testimonio”. En lo referente al cumplimiento de las ratios de educadores por número de alumnos, asevera que “no hay ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad” ya que los “ajustes” de plantilla propuestos no conllevan “merma” alguna en la prestación del servicio, indica. “Nuestra obligación es cumplir la ratio”, insiste. Desde su punto de vista “hay que conocer las leyes laborales antes de opinar, hacerlo sin datos y sin conocimiento es demasiado imprudente y arriesgado”.
Desde su punto de vista, la decisión del gobierno local de no prorrogarles el contrato obedece a “un interés personal o no personal por sacarnos de ahí”, rechazando que se ponga en duda la profesionalidad de la compañía a la hora de prestar servicio.
