Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da un plazo de diez días al Concello para proceder al pago de la cantidad de 137.600 euros, más intereses, a la promotora Pombal de Bordóns en concepto de devolución de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El gobierno local tendrá que “reajustar” partidas para hacerle frente y acusa al anterior ejecutivo del PP de la situación.
Desde el Ayuntamiento explicaron que la empresa abonó la mencionada cantidad tras conseguir licencia, en agosto de 2007, para la construcción de 43 viviendas adosadas, zona deportiva y zona de equipamientos en Pombal, Bordóns; una urbanización que finalmente no llegó a realizar.
Por ello, en noviembre de 2014 la promotora se dirigió a la administración para reclamar la devolución de este impuesto y obtuvo silencio por respuesta, lo que le llevó a reclamar en primer lugar a través de un contencioso administrativo en el Juzgado número 3 de Pontevedra y finalmente ante el TSXG, que acaba de emitir sentencia firme.
Las mismas fuentes indicaron que no hay posibilidad de recurso y que la resolución le da 10 días para efectuar la devolución del principal, que el Concello pagará de inmediato y dejará pendiente el abono de los intereses, pendiente del cálculo por parte de sus servicios jurídicos.
legisaltura "marcada"
El alcalde, Gonzalo Pita, explicó que esta situación les obliga a “reajustar” partidas del presupuesto municipal para poder cumplir con la obligación legal antes de que concluya este ejercicio económico. “Este é un gasto non previsto que nos obriga a buscar partidas extraordinarias para facerlle frente”, declaró. Es más, Pita tiene claro que “esta lexislatura vai estar marcada por alteracións permanentes do orzamento derivadas dunha etapa de inoperancia e imprudencia dun goberno do Partido Popular acomodado no Concello durante 16 anos”.
Y es que desde el gobierno local acusaron al anterior ejecutivo de “falta de gestión” en esta cuestión porque, en caso de haber atendido en su momento susodichas reclamaciones, “se habría evitado el pago de los intereses”.
Para el regidor municipal esta forma de actuar “formaba parte dunha práctica cotidiana, dun xeito de traballar dun Partido Popular que agora recurre á amnesia política para borrar o seu pasado e só se dedica a dificultar a xestión diaria deste goberno”.
Desde el tripartito lamentaron que “los mismos que se beneficiaron de los ingresos derivados del desarrollo urbanístico de Sanxenxo durante los años de bonanza económica sean ahora incapaces de reconocer el perjuicio que su modelo urbanístico causa a las arcas municipales y a los vecinos en general, ya que son ellos quienes padecen las consecuencias”, según sus responsables. Unas consecuencias que, a su parecer, provocan que la localidad “teña que estar pendente de alteracións económicas constantes polas sucesivas decisións xudiciais”.
